RADAR POLÍTICO
Rogerio Castro Vázquez, el ex secretario general del Infonavit en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y quien renunció a la delegación federal del Bienestar para “reinventarse políticamente”, de acuerdo con una investigación de Radar Político, logró crear una estructura empresarial y patrimonial que amerita una puntual explicación por parte del morenista.
El entramado se articula a partir de la participación de su hermano, José Luis Castro Vázquez, y su cuñada, Yazmín Mercedes Castillo Ojeda.
Ambos familiares suyos aparecen como socios, accionistas o representantes en diversas sociedades constituidas en los últimos años.
Durante más de una década, la actividad empresarial del núcleo familiar se limitó a una sola compañía. Este patrón cambió en 2018, cuando se registró la creación de nuevas sociedades. Justamente cuando se integró al equipo de AMLO.
A partir de 2020, la constitución de empresas aumentó. José Luis Castro Vázquez y Yazmín Castillo Ojeda participaron de forma conjunta en firmas con esquemas de capital compartido.
Las empresas abarcan sectores como servicios financieros, desarrollo inmobiliario, comercialización de insumos, turismo y gestión de proyectos. En varias sociedades, ambos mantienen participaciones iguales o mayoritarias.
El crecimiento de la red societaria coincide con el periodo en el que Rogerio Castro perteneció al Infonavit, institución responsable de la administración de recursos de vivienda.
En paralelo, los registros de propiedad muestran un aumento en la adquisición de inmuebles en Yucatán. Entre 2007 y 2015, el núcleo familiar adquirió seis predios con un valor de 1.6 millones de pesos.
Entre 2015 y 2025, la cifra creció a más de 40 propiedades adicionales. El valor de operación acumulado supera los 48 millones de pesos en este periodo.
Las adquisiciones se realizaron tanto a nombre de personas físicas como mediante empresas. Proyecto GD75 figura como una de las razones sociales utilizadas en operaciones inmobiliarias.
En total, se identifican 50 predios e inmuebles con un valor de operación de 77.8 millones de pesos. A esta cifra se suma una operación adicional por 28 millones de pesos mediante una sociedad vinculada.
Los bienes se ubican en Mérida, Progreso, Conkal, Dzemul y otras zonas. Los registros incluyen terrenos, viviendas y propiedades en desarrollos residenciales.
Se adquirieron predios en colonias tradicionales como la Jesús Carranza y la Miguel Alemán, hasta en zonas de más alta plusvalía como Montecarlo, Altozano y condominios en Chablekal.
Mientras se hacían de nuevas propiedades, la Auditoría Superior de la Federación hacía auditorías al Infonavit correspondientes a las cuentas públicas de 2017, 2018 y 2022.
Estas revisiones determinaron observaciones por un monto acumulado de 6,064 millones de pesos y estuvieron relacionadas con la contratación de servicios, convenios y pagos a proveedores.
Se documentó falta de evidencia en la prestación de servicios, inconsistencias en reportes y deficiencias en controles internos. También detectaron pagos sin respaldo documental suficiente.
Los montos observados incluyen más de 3,240 millones de pesos en proyectos tecnológicos, 2,444 millones en servicios de cobranza y 379 millones en contratos diversos.
El cruce de información muestra coincidencia temporal entre tres elementos: las observaciones en el Infonavit, la contratación de proveedores y el crecimiento empresarial y patrimonial del entorno familiar.
Este patrón se concentra entre 2018 y 2025, periodo en el que se registra la mayor expansión de empresas y adquisición de inmuebles.
Rogerio Castro pasó del Infonavit a la delegación federal del Bienestar, cargo que significó un “premio de consolación” luego de bajarse de la candidatura al gobierno de Yucatán, en 2024.
El crecimiento económico y patrimonial que aquí se expone no ocurrió en el vacío. Coincide con su permanencia en uno de los organismos que maneja recursos clave del país.
Y es que el Infonavit no solo administra créditos de vivienda, también contrata servicios, gestiona cartera y moviliza miles de millones de pesos.
El dato por sí solo no prueba irregularidad. Pero el ritmo del crecimiento sí plantea una interrogante legítima: ¿cuál es el origen de los recursos que sostienen esta expansión?
Sin embargo, el volumen de recursos observados no es menor y tampoco lo es su coincidencia temporal con el crecimiento del entorno familiar.
Cuando un funcionario participa en la administración de recursos públicos y, al mismo tiempo, su entorno cercano experimenta una expansión patrimonial acelerada, la percepción de conflicto surge de forma inevitable.
En este caso, las preguntas siguen abiertas. ¿Existe una relación entre las decisiones tomadas en el Infonavit y el crecimiento empresarial del entorno familiar? ¿Se han revisado a fondo los contratos observados por la Auditoría? ¿Se ha determinado el origen de los recursos utilizados en la adquisición de empresas y propiedades?
Sin respuestas, el vacío se llena con sospechas. La coincidencia entre poder, contratos y patrimonio no puede quedar sin revisión.
Descarga los archivos de esta investigación en este link (archivos de la inestigación)
