El Tecnológico de Mérida enfrenta serios cuestionamientos por una supuesta serie de nombramientos que, de confirmarse los vínculos familiares señalados, exhibirían una preocupante concentración de cargos entre personas cercanas a la dirección del plantel.
En el centro de la polémica se encuentra Irving Cruz Téllez, recientemente nombrado coordinador general del Campus Poniente. Dentro de la misma institución también ocupa una jefatura Galilea Monroy Avilés, señalada como esposa de Cruz Téllez.
El caso se vuelve todavía más delicado porque además circula la versión de que Cruz Téllez sería yerno del director del Tecnológico de Mérida, lo que abre una pregunta que la institución no debería evadir: ¿los cargos se están otorgando por méritos y procedimientos transparentes o por relaciones familiares?
El problema no es menor. Se trata de una institución pública donde trabajadores y aspirantes deben cumplir requisitos, participar en procesos y acreditar perfiles para acceder a puestos, mientras que en áreas estratégicas comienzan a aparecer personas presuntamente vinculadas entre sí por parentesco.
Por ello, no basta con guardar silencio ni con asegurar que los funcionarios tienen capacidad. Lo que debe aclararse es quién propuso los nombramientos, quién los autorizó, bajo qué convocatoria o procedimiento fueron realizados y si algún familiar intervino directa o indirectamente en esas decisiones.
Si los nombramientos fueron legales y transparentes, el Tecnológico debería exhibir la documentación y cerrar cualquier espacio a la sospecha. Pero si existió intervención de familiares para colocar a familiares, entonces ya no se estaría hablando únicamente de favoritismos, sino de un posible esquema de nepotismo dentro de una institución sostenida con recursos públicos.
Mientras las autoridades no transparenten el proceso, la percepción seguirá creciendo: el Tecnológico de Mérida corre el riesgo de parecer más una bolsa de trabajo familiar que una institución.
