Una nueva carpeta de investigación en Yucatán y la reactivación de un proceso penal en Jalisco colocan nuevamente al director de Fundación Yansa, Sergio Oceransky, ante las autoridades judiciales, en hechos que el defensor calificó como parte de una creciente criminalización por su labor de acompañamiento a comunidades que enfrentan proyectos inmobiliarios.
El Tribunal Superior de Justicia de Jalisco revocó la resolución que había determinado no vincularlo a proceso por una denuncia relacionada con Ciudad Maderas, proyecto que contempla aproximadamente 25 mil lotes habitacionales. Paralelamente, elementos de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán acudieron a su domicilio para recabar sus datos con motivo de una nueva carpeta de investigación, cuya notificación formal, señaló, aún no ha recibido.
Oceransky deberá comparecer este viernes 11 de septiembre ante un juzgado de Jalisco, donde se definirán las medidas cautelares que deberá cumplir mientras continúa el procedimiento. En Yucatán ya enfrenta restricciones derivadas del caso de Ixil, entre ellas el uso de un localizador electrónico, vigilancia y firmas periódicas ante las autoridades.
El defensor sostuvo que estas acciones buscan desgastarlo y obstaculizar el trabajo que realiza con comunidades en defensa del territorio. Actualmente enfrenta distintos procedimientos judiciales relacionados con su labor comunitaria y con recursos legales promovidos contra desarrollos inmobiliarios.
Uno de ellos corresponde a Ixil, donde fue vinculado a proceso junto con los defensores mayas Cecilio Cisneros y Guillermo Yam Ek, a raíz de una denuncia por despojo presentada por empresarios interesados en los terrenos en disputa.
El expediente de Jalisco se originó a partir de una denuncia interpuesta por un trabajador de una empresa relacionada con Ciudad Maderas, después de que Oceransky promoviera acciones legales contra el desarrollo inmobiliario ubicado en Progreso.
En octubre de 2025, un juzgado federal concedió la suspensión definitiva de Ciudad Maderas, luego de que el director de Yansa impugnara la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante una denuncia por presuntas afectaciones ambientales. La medida detuvo las actividades del proyecto mientras continúa el juicio.
De acuerdo con Oceransky, posteriormente la empresa promovió diversos recursos para revertir esa suspensión, mientras en Jalisco avanzaba la denuncia penal presentada por uno de sus empleados. Inicialmente, señaló, se pretendía imputarle extorsión, delito que contempla prisión preventiva oficiosa, pero finalmente el procedimiento continuó bajo el señalamiento de amenazas.
En abril, un juzgado había determinado no vincularlo a proceso al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, más allá de los testimonios de trabajadores de Ciudad Maderas.
La empresa impugnó esa determinación y, posteriormente, un tribunal de Jalisco ordenó revocarla, por lo que el defensor deberá enfrentar nuevamente el procedimiento penal. La decisión ocurrió pocos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera atraer un recurso promovido por Oceransky contra el levantamiento de la suspensión definitiva de Ciudad Maderas, medida que se concretó mediante el pago de una contragarantía.
La Corte tomó esa determinación el 25 de agosto y, dos días después, el 27 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco revocó la resolución que favorecía al activista. Oceransky consideró llamativa la coincidencia entre ambos acontecimientos y afirmó que continuará acompañando a las comunidades y dando seguimiento a los litigios que mantiene abiertos.
También denunció haber recibido llamadas de personas que se identifican como representantes legales de empresas para ofrecerle dinero a cambio de alcanzar acuerdos relacionados con conflictos territoriales. Aseguró que algunos de esos números telefónicos también habrían sido utilizados para ofrecer pagos a habitantes de comunidades con el propósito de participar en protestas en su contra en Progreso.
