Padres de familia de dos ex alumnos del colegio privado The Workshop Instituto de Educación Progresiva, en Mérida, Yucatán, denunciaron al personal directivo del plantel Komchén por los delitos de “discriminación, amenazas, tortura en su vertiente psicológica y otros tipos penales” a niñas, niños y adolescentes, ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Jorge Ruiz del Ángel, abogado de las familias, fundador del Estudio de Asistencia Legal y en Derechos Humanos (ALDH), declaró que la atención a niñas, niños y adolescentes por parte de las instituciones educativas debe ser “bajo un enfoque educativo, cero punitivo, sin violencia.
No debe ser abordaje punitivo, si es así, quizás le estás generando más daño de lo que puedas imaginar”. Indicó que en el caso de The Workshop, las denuncias muestran que se abordó a través del castigo y no la resolución.
La institución educativa The Workshop no respondió a la solicitud de su versión para este reportaje.
En ambos casos, los jóvenes y sus familias reportaron un patrón similar por parte del director del plantel en Komchén, Omar Arroyo Hernández, de la psicóloga, María Teresa Fernández, y de la fundadora y directora de The Workshop, Caty Franco Díaz. Afirmaron ser víctimas de acoso institucional, de recibir decenas de reportes de conducta, de ser señalados por su conducta sin recibir pruebas, de sentir miedo permanente por sentirse rechazados por ellos; los padres indicaron que constantemente eran citados por cosas mínimas y hasta a veces absurdas como tomar agua en clases.
Uno de los jóvenes señaló que Arroyo Hernández le dijo “¿no crees que tus shorts están un poco cortos, que están un poco entallados?”. Su padre, Arturo Barraza, consideró que era delicado lo que sucedía porque “los comentarios iban desde una forma muy sencilla de acoso psicológico hasta un último comentario que se podía prestar a una interpretación inclinada hacia la sexualidad”.
El mismo joven fue suspendido bajo acusaciones de “acoso sexual” contra compañeras, ocurridas un mes después de que la familia se reuniera con los directivos y en la que, según Barraza, Arroyo Hernández se sintió acorralado. Por las acusaciones, el joven pasó por un examen psicológico que indicó que no tiene “rasgos de personalidad antisocial estructurada”, ni “peligrosidad estructural”, pero sí manifestó afectaciones emocionales posterior a la suspensión.
La familia reportó la ausencia de pruebas ni mediación en el argumento de acoso sexual, ni el seguimiento al Protocolo de Actuación ante el Acoso escolar en Escuelas Públicas y Particulares en Yucatán, establecido por la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).
En una de las citas en The Workshop, para abordar la acusación injustificada por acoso sexual, el abogado de la escuela, Josué Sandoval Cantón, trató de identificarse como parte del personal directivo y no como abogado, ocasionando que la familia solicitara cancelar la reunión, pues ellos no estaban siendo acompañados por un abogado y tampoco habían sido notificados. El padre de uno de los menores declaró “esto va en contra de la ley”, a lo que Sandoval Cantón respondió “eso me lo echaré yo al plato”.
La familia del segundo joven, expulsado meses antes del otro alumno, indicó que The Workshop expulsó a su hijo sin justificación, sin argumentos válidos y solo verbalmente para no dejar ninguna prueba. Denunció que la institución no siguió el protocolo estatal y no se le permitió realizar exámenes antes de pedirle abandonar, lo cual ha afectado hasta el día de hoy su desempeño académico y lo ha privado de llevar a cabo procesos de admisión a otras escuelas, además del daño emocional reportado.
Ruiz del Ángel declaró que aparentemente la expulsión de ambos jóvenes ocurrió a partir de situaciones intencionales buscadas por la escuela o personal de la misma.
Según lo reportado por ambos jóvenes, personal escolar realizó una indagación con alumnos para preguntarles si ellos los molestaban.
El primero que fue expulsado (a principios de octubre de 2025) señaló que [María Teresa Fernández] “la docente que me acosaba desde antes, me hizo saber que era una persona terrible, como una persona mala, como un acosador, un bully. Me sentía humillado. Inclusive, la dueña de la escuela llegó a decirme que iba a terminar en el crimen organizado si seguía con mi conducta.
En estos casos, el abogado defensor de las familias señaló que aparentemente hubo “indiferencia de la Segey y tampoco se le dio importancia a las madres, ya que hubo muchas inconsistencias por parte de The Workshop y la Segey”.
La Segey contradijo a los padres y madres. En su respuesta, la Dirección Jurídica de la Segey indicó que “derivado de las situaciones del caso en cuestión, los menores involucrados fueron dados de baja de la institución educativa por motivo de traslado a otro plantel a voluntad de sus tutores”.
La Secretaría de Educación yucateca respondió: “el seguimiento de las quejas fue atendido por el Departamento de Escuelas Particulares de la Secretaría, actuando de acuerdo a los protocolos vigentes y correspondientes al caso”. Se solicitó a la Segey información detallada sobre la implementación de los protocolos, pero al momento de la publicación no se recibió respuesta.
Además de la denuncia ante la fiscalía yucateca, las familias interpusieron quejas ante el Consejo Estatal contra la Discriminación, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), una queja interna ante interna ante la Segey, un amparo para la reinserción de los jóvenes a las clases, queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y demanda civil por incumplimiento de contrato por parte de la escuela.
En su sitio web, The Workshop resalta ser “una escuela socioconstructivista y progresiva” que implementa el plan nacional de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) y forma parte de Cambridge Assessment International Education, vinculada a la red escolar de la Universidad de Cambridge.
El colegio realiza tests de la AEPAE que ubican a niños como probables acosadores y reciben cursos de asertividad, empatía y resolución pacífica de conflictos, según ha publicado la prensa yucateca. La AEPAE no respondió al cuestionario para este reportaje.
Los dos jóvenes afectados realizaron el mismo test de la AEPAE, en su sitio web, pero enfocado al trato recibido por parte del personal directivo de The Workshop. El resultado fue “rojo”, es decir, actuación. Para el abogado Ruiz del Ángel, la institución educativa “se pudo haber cuidado al solicitar la intervención de la Secretaría de Educación”.
