[vc_row][vc_column][vc_column_text]Campesinos de Dzonot Carretero y otras comunidades tizimileñas, asentadas en las orillas de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, están en espera de que el empresario Jacobo Xacur Eljure responda por los daños causados a sus cultivos, los apiarios y el ecosistema en general.
Los perjuicios a comunidades mayas, como informamos, se derivan de una fumigación aérea que realizó el empresario en sus ranchos, mediante un helicóptero que arrojó pesticidas que se esparcieron, no solo en los terrenos de dichas propiedades, sino que también llegaron a zonas de cultivo de indígenas y mataron la floración en la reserva, además de causar la muerte de miles de abejas y la huida de otro tanto.
“Si no viene a que lleguemos a un acuerdo, demandaremos lo más pronto posible”, advierten representantes de los campesinos afectados.
Por su parte, las autoridades señalaron que investigan lo que consideran presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del medio ambiente y las actividades agropecuarias de comunidades indígenas.
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, informó que se investiga los hechos ocurridos así como también sobre quién dio la autorización para dicha actividad y el uso de este tipo de aeronaves, entre otras presuntas irregularidades.
Aclaró que el gobierno del Estado no tiene la facultad para autorizar fumigaciones aéreas pero sí está entre sus obligaciones investigar sobre este tipo de actividades y los efectos que acarrea.
“Las fumigaciones aéreas sólo las autoriza la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y/o el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)”, acotó.
Ya se solicitó a ambas dependencias federales que informen si hay autorización para dispersar herbicidas y/o insecticidas en el oriente del Estado, específicamente, en los ranchos San Martín, San Fernando, San Marcos, Dzonot Pinto y Rancho Alegre, todos propiedad de Xacur Eljure.
“Se quiere saber quién dio la autorización para la fumigación aérea así como la autorización para el despegue del helicóptero utilizado (para dicha actividad agropecuaria), entre otros detalles relacionados al caso”, ocurrido la semana pasada, expresó Batllori.
Aclaró que se actúa con base en la Ley, específicamente, apegados a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 052 – Semarnat, la cual establece “las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listado de los residuos peligrosos”.
Asimismo, enfatizó que también se trabaja con base al Decreto local número 525, en el cual “Se establecen las medidas para salvaguardar la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal y acuícola y solicitar la emisión de acuerdos de determinación de zonas libres de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en el territorio del Estado de Yucatán”.
“En el decreto se restringe la fumigación aérea, por lo que se analizará si se violó la ley”, enfatizó el funcionario.
Mientras que en el artículo 5 se establece que “La Seduma deberá realizar evaluaciones técnicas y científicas exhaustivas en las regiones del Estado, sobre los efectos… del uso de herbicidas y otros agroquímicos(,) dada la vulnerabilidad del acuífero yucateco a la contaminación por estas sustancias, que servirán de sustento a la opinión que emita respecto a las solicitudes de liberación”.
Toda la semana pasada, el helicóptero esparció herbicidas y pesticidas sobre las propiedades del empresario, y dadas las características del producto, se esparció por varios kilómetros afectando otras plantaciones, principalmente, cultivos de calabaza y sandía, e incluso, provocó la mortandad de numerosos insectos, entre ellos, las abejas.
Por ende, los productores de hortalizas y apicultores resultaron notablemente afectados, y lo peor de todo, ya les anticiparon que la fumigación aérea continuará.
Incluso, se afectó a la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
