La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reciente reforma judicial del Estado de Yucatán.
La demanda fue turnada a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien funge como instructora del caso.
La impugnación corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 44/2025, en la que la CNDH solicita la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, modificadas mediante el Decreto 55/2025, publicado en el Diario Oficial estatal el pasado 5 de marzo. Entre los artículos cuestionados se encuentran los artículos 64 y 70, así como el noveno transitorio del decreto.
La reforma contempla, entre otros puntos, que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán sean electos por voto popular y que su presidencia sea rotativa por mayoría de los propios integrantes del tribunal, con posibilidad de reelección.
La CNDH argumenta que estas disposiciones podrían vulnerar principios fundamentales como la independencia judicial y la seguridad jurídica.
Además, se acumuló a este expediente la Acción de Inconstitucionalidad 45/2025, promovida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, que también objeta la validez de las reformas al artículo 70 y los artículos transitorios séptimo y octavo del mismo decreto.
Estos artículos establecen la duración extraordinaria de los cargos de magistrados y magistradas, extendiéndolos hasta los años 2033, 2036 y 2042, lo cual ha generado polémica por su impacto en la estructura del poder judicial local.
Ambas acciones serán analizadas por la Suprema Corte, la cual deberá resolver si las reformas impugnadas se ajustan al marco constitucional federal.
Este caso representa un nuevo episodio en la creciente discusión sobre la constitucionalidad de los cambios judiciales en los estados, y el papel de los órganos autónomos en su vigilancia.
