[vc_row][vc_column][vc_column_text]De discriminante, ‘segregante’ y violatoria a los derechos humanos fue considerada la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, la cual, se debe de reformar lo más pronto posible.
La encargada del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), María de los Ángeles Cruz Rosel, lamentó los numerosos errores que prevalecen en esta normativa aprobada en el Congreso del Estado en junio pasado, y publicada recientemente, en el Diario Oficial del Estado.
Reconoció que la Ley entrará en vigor a partir de enero de 2019, y aseveró que la Máxima Casa de Estudios nada puede hacer para evitar el internamiento de niños y niñas al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” o que estos sean sometidos a intervenciones quirúrgicas.
Excepto emitir propuestas para reformar la Ley, pero los resultados se tendrán a finales de 2019.
Expresó que tras la aprobación de la Ley, esta instancia perteneciente a la Facultad de Derecho de la UADY, la analiza, logrando identificar varios problemas que van en contra de los derechos humanos de las personas.
Por lo pronto, ya encontraron cuatro irregularidades, pero “sólo es la punta del iceberg, ya que debe de existir más anomalías, de ahí la importancia de un análisis minucioso”.
Entre las incongruencias destaca que “utiliza lenguaje que es patologenizante, ya que utiliza el término de trastorno mental, contrario al postulado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que el término correcto es discapacidad psicosocial y/o intelectual”
Aclaró que para tratar a una persona con discapacidad psicosocial se debe de buscar una serie de sistemas de apoyo para que sea incluida totalmente a la sociedad.
Ejemplificó el caso de las villas de transición hospitalaria correspondientes al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, las cuales permite a los usuarios (pacientes) a tener una mayor integración a la sociedad.
En segundo lugar, la Ley prevé el internamiento involuntario en el Hospital Psiquiátrico, pero “es un procedimiento incompatible con las personas con algún problema mental”.
Además la persona tiene que dar su consentimiento internarse, y si tiene alguna duda, se le debe de dar el apoyo necesario para que pueda comprender lo que significa estar recluido y el recibir el respectivo tratamiento.
“Hay que impedir que las personas sean internadas de por vida, de ahí la importancia de la construcción de las villas hospitalaria”, acotó.
Señaló que en tercer lugar está que dicha normativa regula la sujeción física, la restricción física y el aislamiento, pero “el inmovilizar a una persona o internarla en una celda de aislamiento dentro del nosocomio en totalmente violatorio, aun cuando cada cuatro horas se verifique su estado físico y mental.
“Se debe de evitar los tratos crueles e inhumanos, hay que intentar que la persona recibe el adecuado tratamiento para incorporarlo a la sociedad”, subrayó.
Mientras que en el caso de los niños y las niñas, también contempla la sugestión física, situación que reprobó.
A pesar de su corta edad, “hay que informar a los infantes sobre los tratamientos y saber su opinión para entender su voluntad, además de explicarle el proceso médico al cual estará sujeto”.
Finalmente, resaltó la necesidad de abandonar la labor que se desarrolla en los hospitales psiquiátricos, para procurar una transición para que en términos académicos sean concordante con los derechos humanos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
