[vc_row][vc_column][vc_column_text]A un día de la tragedia en el restaurante bar Mocambo de Progreso, que cobró la vida de tres personas y dejó cinco lesionados, se va descubriendo un mar de negligencias al tolerar la autoridad municipal una serie irregularidades que, de haberse procedido a tiempo, pudieron evitar el fatal accidente.
Desde noviembre de 2018 el ayuntamiento que encabeza Julián Zacarías Curi sabía que el local no estaba en condiciones de operar, pero se consintió que siguiera funcionando.
De acuerdo con lo que se averiguó, en abril de 2018 Carlos Baeza Manzanero, el dueño actual, compró el restaurante y en mayo arrancaron las obras de remodelación.
En junio se abrió la primera parte de la remodelación, y asistió como invitado el entonces diputado federal Francisco Torres, presidente del comité municipal del PRI en Mérida.
La palapa ubicada en el segundo piso, donde ocurrió el derrumbe, se puso en funcionamiento en septiembre, y al mes siguiente, ya en funciones, el alcalde Zacarías Curi inauguró el remodelado restaurante.
En noviembre la actual administración municipal realizó diversas inspecciones a establecimientos del puerto, incluyendo el Mocambo, donde se detectan diversas irregularidades.
En el caso del Mocambo, las cosas estaban tan mal que la inspección arrojó que “no cumplía con los requerimientos necesarios para operar, motivo por el cual fue levantada el acta correspondiente invitando a los propietarios a regularizar las referidas observaciones”, se cita en un boletín que distribuye este lunes el ayuntamiento de Progreso.
De acuerdo con el mismo comunicado, en ese mismo mes de noviembre de 2018, “con la finalidad de obtenerla renovación de la licencia de funcionamiento fue recibida en Desarrollo Urbano una solicitud firmada por el propietario o responsable del comercio, solicitando el uso de suelo para funcionamiento, el cual no fue expedido por no haber cumplido con los requisitos necesarios para el mismo”.
El propio boletín reconoce que que “Mocambo funcionaba de manera irregular al amparo de una licencia expedida el año 2017, al igual que numerosos establecimientos del municipio lo hacen hasta la presente fecha, donde se tiene un número de aproximadamente 328 comercios dedicados a la venta de licor, de los cuales únicamente 40 han acudido a la invitación de regularizarse”.
Y para rematar, la oficina de prensa de Julián Zacarías menciona que “cabe recalcar que si bien, una de las labores primordiales del Municipio es la regulación de la operación de los giros comerciales en condiciones de seguridad para los usuarios de los mismos, no menos cierto es que la autoridad debe generar las condiciones para el mantenimiento de los empleos existentes”.
Abogados consideran que en casos como este, es factible el concierto de responsabilidades jurídicas, pues es probable que además de la civil y penal, coexistan la administrativa y/o la patrimonial del estado, ya que no se concibe que si el ayuntamiento no otorgó la respectiva licencia de funcionamiento o de uso de suelo, no hizo lo propio para clausurar el local; situacion que pudo evitar tal trágico desenlace.
El día de la inauguración del nuevo Mocambo, se mencionó que el edificio, de bloques y vigas, fue construido hace unos 45 años, luego de que se retirara la casa de madera que albergó originalmente a esa conocida cantina fundada en 1933.
La cornisa del lado norte, la que se desplomó, no tenía refuerzos, pues las vigas están colocadas de oriente a poniente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
