[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cerca de 460 hectáreas del ejido de Chocholá fueron vendidas de manera ilegal a una empresa hotelera que pretende construir un campo de golf, cuya transacción la efectuó Paulino May Moo, quien en 2017 perdió el proceso de elección de comisario ejidal.
Los ejidatarios, encabezados por Rodolfo Paredes Quintal, establecieron que monto total del terreno osciló en seis millones de pesos, de los cuales, sólo se entregó la mitad a los supuestos propietarios de las ilícitas parcelas.
Explicó que la irregularidad se registró en diciembre pasado, luego de la conformación de 23 parcelas, con una extensión de 20 hectáreas cada una.
May Moo y Arturo Gómez, quienes encabezan un apócrifo comisariado, convencieron a los parcelarios para que vendan las tierras, por un monto por 250 mil pesos, sin embargo, al final, sólo se les entregó el 50 por ciento.
El entrevistado comentó que están en espera de que el propietario del hotel empiece a construir en las tierras ejidales para interponer la respetiva denuncia ante la Procuraduría Agraria (PA).
“La Ley pide demostrar que las tierras se vendieron, pero como no tenemos el documento estamos en espera que la empresa hotelera empiece a trabajar la tierra para luego denunciar el hecho”, acotó.
Aseveró que en ningún momento se notificó a los ejidatarios de la venta de los terrenos, y mucho menos fueron convocados para a una reunión, en la cual se propondría tal acción.
Remarcó que en ningún momento se pueden vender parcelas, dado que no existe documento que les dé validez como tal.
“Cada ejidatario tiene un certificado de uso común de la tierra, no de parcelario, por lo que la venta del terreno es totalmente ilegal”, subrayó.
Recordó que hace dos años, May Moo jugó por la comisaría de Chocholá, pero perdió ante Claudia Fabiola Cob Durán.
Debido a ello, con apoyo de funcionarios de la PA y del Registro Agrario Nacional (RAN) se efectuó una asamblea, fuera de la comunidad ejidal, en la cual se eligió a May Moo como comisario ejidal.
Para vender a un particular las tierras que están a un costado de la carretera se les fraccionó como parcelas, y las distribuyó a las personas que acudieron a dicha reunión, a quienes les prometió el pago de 250 mil pesos, pero al final sólo les entregó 125 mil.
“La asamblea de remoción efectuada en diciembre de 2018 fue una mentira, una mera obra de circo”, aseveró.
Remarcó que tiene todos los documentos, así como material fotográfico y de video sobre el ilegal proceso, el cual fue orquestado por personal de la PA así como del RAN.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
