PROGRESO.- Sin tapujos, de manera directa, Javier Montero, socio del Autódromo Yucatán, acusa a Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso y al ayuntamiento que encabeza, de ser la “mafia del poder”, de tener prácticas del “PRIAN” que “creíamos ya estaban superadas en México”.
“No están presionando, intimidando, casi extorsionando, para que demos un millón de pesos para la construcción de la carretera (el camino de terracería de acceso al Autódromo que también utilizan quienes viven en los cercanos desarrollos residenciales)”, aseguró el empresario. “Ese es el motivo de tanto conflicto, pero nosotros no podemos aportar esa cantidad, además construir la carretera le corresponde a Obras Públicas de Progreso”.
“Los que sí están obligados a cooperar para la carretera son los constructores, los desarrolladores de vivienda”, agregó.
Como hemos informado, las autoridades de Progreso cometieron una pifia con la primera clausura que impusieron al Autódromo, pues se hizo de manera irregular al dejar encerradas a personas en el interior.
Se interpuso un amparo que procedió y se emplazó al ayuntamiento de Progreso para que responda en 24 horas. Al no hacerlo, se declaró improcedente la clausura y un actuario acudió la noche del viernes a retirar los sellos y liberar a las personas atrapadas.
También intervino la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que ya inició un proceso contra el ayuntamiento de Progreso.
La primera clausura declarada improcedente fue por parte de Servicios Públicos, Obras Públicas y Espectáculos de Progreso, que alegaron que hay actividad en el Autódromo, pero la familia Montero les refuta diciendo que es su casa, es donde viven.
“Yo vivo en una propiedad de 34 hectáreas, en las cuales puedo hacer lo que yo quiera, como cualquiera hace en su casa”, indicó. “Yo puedo salir y dar vuelta con mi moto, ellos dicen que me burlo, pero no es así, yo estoy en mi propiedad”.
Javier Montero informó que antes de la segunda clausura que se les impuso el domingo, la gente del ayuntamiento de Progreso lo estuvo intimidando.
“Nos estaban provocando desde la mañana, llegó una camioneta sin placas se paró y fuimos a preguntarle qué quieren, pero salieron corriendo, nos echaron la camioneta, y al rato volvieron, nunca se identificaron”, aseguró.
“(Los supuestos policías) no se identificaron, ellos son servidores públicos que al llegar a una propiedad tienen que identificarse quiénes son”, añadió.
“Ustedes pueden ver que colocamos los tractores en las entradas donde colocaron los sellos, eso lo hicimos porque amenazaron con entrar a la fuerza para asegurar nuestra maquinaria y equipos”, mencionó el indignado empresario. “Eso es ilegal, pero tuvimos que protegernos porque sabemos que están actuando como la mafia del poder, como el PRIAN”.
Por lo pronto, de nuevo la familia Montero se ha quedado encerrada mientras sus abogados resuelven legalmente el procedimiento.
Sigue en curso la queja que interpusieron en Derechos Humanos y está vigente el amparo que solicitaron contra la intervención del ayuntamiento de Progreso.
