Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y especialistas en patrimonio cultural denunciaron presuntas afectaciones a vestigios arqueológicos en Yucatán derivadas del desarrollo de proyectos turísticos, particularmente en la zona donde se construye el parque temático Xibalbá.
Durante el seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación, el investigador del Centro INAH Yucatán, Alfredo Barrera Rubio, afirmó que en el área del proyecto se han identificado 514 estructuras arqueológicas, de las cuales 131 resultarían afectadas por las obras, además de cuevas con pinturas rupestres y 28 cenotes.
El especialista señaló que, aunque se propuso un plan de salvamento arqueológico, este presuntamente no se ejecutó de manera adecuada y las obras continuaron. También cuestionó la construcción de canales para recorridos en kayak y la extracción de piedra caliza utilizada en edificaciones del complejo turístico.
Barrera Rubio sostuvo además que el proyecto implicó la adquisición de alrededor de 20 hectáreas de tierras ejidales, las cuales, según denunció, fueron compradas a precios muy por debajo de su valor, situación que calificó como un despojo para las comunidades.
En el mismo foro, los investigadores señalaron que la presión sobre el patrimonio cultural también alcanza a la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde, afirmaron, existe un manejo orientado al aprovechamiento turístico sin que los beneficios económicos lleguen de manera suficiente a las comunidades locales ni a los descendientes de la cultura maya.
De acuerdo con lo expuesto, Chichén Itzá genera ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales, de los cuales la mayor parte es administrada por el Patronato Cultur, mientras que el INAH recibe una proporción menor.
Los especialistas cuestionaron además el cobro de acceso y señalaron que esos recursos no se reflejan en mayores acciones de conservación o en proyectos productivos para las comunidades cercanas.
Los participantes concluyeron con un llamado a reforzar la protección del patrimonio arqueológico de Yucatán y a garantizar que el desarrollo turístico se realice con estricto apego a la legislación ambiental y cultural.
