El presidente de la asociación Maya Peninsular, José Salas Segura, anunció la preparación de amparos para evitar la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas cementeras, caleras y asfalteras, así como de bancos de materiales para construcción, para evitar un mayor deterioro de la calidad de vida de los yucatecos.
Desafortunadamente, están en funcionamiento cementeras y caleras en Progreso, Umán y Mérida, mientras que en todo el Estado, son cientos los bancos de materiales que existen, muchos de los cuales, están abandonados, por lo que representan un serio daño al medio ambiente.
En algunos casos, las obras están detenidas, debido a las denuncias y amparos que prevalecen, pero la realidad es otra, ya que están en funcionamiento, tal el caso de Chocholá, con la calera Oxxica y del banco pétreo de la constructora Proser.
Hasta el momento, se prevé la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas cementeras en el Polígono Industrial de Progreso, específicamente la de Cruz Azul, y en 2021 se aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de una nueva cementera a los socios Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, señalados por crear empresas en paraísos fiscales, además que sus nombres aparecen en la lista de los Panamá Papers.
A consecuencia de ello, se preparan jurídicamente para evitar su instalación en Yucatán, ya que ante todo se busca el bienestar del medio ambiente y la salud de las familias viven aledañas a los terrenos donde estarían dichas empresas.
“Se preparan amparos para evitar la aparición de cementeras, caleras y asfalteras, así como de bancos de materiales pétreo, las cuales hacen mucho daño”, acotó.
El 20 por ciento del suelo de México es cárstico, es decir, se piedra caliza, rocoso y soluble, pero cubre la totalidad de la superficie de la Península de Yucatán, el cual “es muy vulnerable a la degradación ambiental, y la contaminación antropogénica provoca un grave daño al medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad”.
Lamentó el notable daño causado al medio ambiente, pues las grandes empresas deforestaron el área que se les asignó, colocaron bardas para impedir el tránsito de la fauna silvestre, y en el caso de la calera y la cementeras, la emisión de partículas y micropartículas laceran los pulmones de la población.
El declarante denunció que complicidad con diversos alcaldes, a dichas iniciativas privadas se les otorgó una gran extensión de terreno, sin contar con el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
“En su momento, diversos alcaldes afirmaron que no detendrá la inversión por nada ni por nadie, y las consecuencias se verán en breve”, subrayó.
Salas Segura enunció el caso del presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien expresó que “poco se puede hacer, pues la línea para el “apoyo” a las industrias llegó desde las altas esferas del poder político y económico de Yucatán, por lo que la población está a la merced del mercado y de la inversión”.
Menciono que en diversos casos se han interpuestos denuncias, logrando amparos a favor de la población, por lo que son diversas las obras detenidas, tal el caso de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en Homún.
Afirmó que “en México se tiene que hacer valer la Ley, nadie está por encima ni por debajo de la misma, por lo que es necesaria la pronta intervención de las autoridades ambientales”.
