RADAR POLÍTICO
Las lealtades políticas se ponen a prueba cuando sostenerlas cuesta un cargo. Mientras todos los integrantes de un acuerdo caminan hacia el mismo destino, resulta sencillo hablar de compromiso. El problema aparece cuando el padrino cambia de proyecto y sus colaboradores permanecen en la nómina del gobierno que podría enfrentar.
Yucatán tiene un antecedente que vale la pena recordar.
En 1993, durante la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Dulce María Sauri Riancho decidió separarse del gobierno estatal en medio del conflicto por la elección municipal de Mérida.
Los resultados oficiales habían favorecido al priista Orlando Paredes Lara frente al panista Luis Correa Mena. La disputa desembocó en una de las llamadas concertacesiones del salinismo y Correa terminó al frente del Ayuntamiento. La negociación provocó la ruptura de Sauri con aquella salida política.
Años después, la propia exgobernadora explicó que se negó a intervenir para cancelar el cómputo municipal y presentó su renuncia. El Congreso no la aceptó, pero ella no regresó al ejercicio del cargo. Su explicación fue clara: volver habría significado acompañar prácticas con las que no estaba de acuerdo.
Ese episodio devuelve al presente una discusión sobre lealtad, congruencia y ética política.
Hoy, ante la posibilidad de que Liborio Vidal encabece la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida, la pregunta también alcanza al gobierno municipal de Cecilia Patrón Laviada.
El encuentro del vallisoletano con la presidenta Claudia Sheinbaum coloca su nombre en el centro de la conversación sucesoria, aunque una reunión, por sí misma, no equivale a una candidatura formal.
Pero el problema político para el Ayuntamiento comienza antes de cualquier registro: ¿qué harán quienes llegaron vinculados al proyecto de Liborio si este termina compitiendo contra el PAN?
En ese escenario aparecen Carlos Carrillo, conocido como “Chelito”; Carlos Béjar, Efraín Aguilar y Ramón Valdez. La versión que motiva esta columna los ubica como posiciones negociadas por Vidal a cambio de su respaldo a Cecilia en la campaña de 2024.
¿Su compromiso está con la administración municipal o con el proyecto personal de quien habría impulsado su incorporación?
La cercanía con Liborio, por sí sola, no demuestra una falta ni justifica un despido. El conflicto surgiría si alguno decidiera operar electoralmente para él mientras conserva responsabilidades dentro del gobierno de Cecilia.
Si esa es su decisión, la congruencia exigiría separarse del cargo. Y si la alcaldesa identifica conductas incompatibles con las responsabilidades que les confió, tendría que actuar con hechos y razones, además de asumir el costo político de revisar sus alianzas.
También Cecilia debe una definición. Los acuerdos de campaña pueden explicar la integración de un equipo; difícilmente pueden convertirse en compromisos permanentes, ajenos a los resultados y a la confianza necesaria para gobernar.
El antecedente de Dulce María no reproduce las circunstancias actuales, pero sí ofrece una medida de congruencia: estuvo dispuesta a dejar de ejercer el poder para no acompañar una decisión que rechazaba.
En Mérida falta saber quién estaría dispuesto a pagar ese costo.
Porque declararse leal es fácil. Renunciar cuando las lealtades se vuelven incompatibles es otra cosa.
