El Consejo Comunitario de Kinchil promovió un amparo para detener de manera definitiva la construcción de una granja avícola que, según denunciaron, devastó parte del sitio arqueológico de Tzemé.
Federico May, presidente del organismo, recordó que la comunidad alertó desde el 17 de octubre al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre la afectación, pero “ninguna autoridad hizo nada”, pese a que se documentó en varias ocasiones que las máquinas continuaban trabajando aun con sellos de clausura.
Expuso que la empresa desacató dos clausuras federales —primero del INAH y luego de la Profepa— y continuó con las obras sin que hubiera consecuencias.
“Es tanta la presión pública que ya le paró momentáneamente la empresa, pero lo que hay que recalcar es que después de los sellos siguieron operando impunemente sin que ninguna autoridad haga valer esas clausuras”, afirmó.
También denunció que el comisario municipal “no ha dado apoyo alguno” y que incluso enviaron policías para intentar intimidar a los pobladores.
Señaló que la zona afectada pertenece al patrimonio arqueológico y que, además, existen poseedores legítimos del terreno cuyos derechos han sido vulnerados.
“Nos dicen que estamos invadiendo propiedad privada estando en una zona arqueológica; en todo caso es propiedad de la nación”, sostuvo, al recordar que incluso se afectó a la familia Canul, cuyo ganado se dispersó tras el rompimiento de cercos.
Detalló que en el área devastada se encontraban pirámides, un juego de pelota y otros elementos prehispánicos que fueron destruidos.
Calificó la situación como un “aniquilamiento sistemático de la cultura maya”.
También advirtió que existen rumores de que la empresa buscaría reubicar las naves avícolas hacia el cenote Chanílá, donde igualmente hay basamentos arqueológicos.
“Dicen: ‘lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer’. ¿De qué impunidad se sienten estas personas que pueden hacer y deshacer con el patrimonio de los kinchileños?”, cuestionó, llamando a las autoridades a frenar lo que consideró una cadena de injusticias.
Finalmente, confirmó que el amparo interpuesto ya recibió respuesta favorable, al otorgarse la suspensión temporal de las obras mientras avanza el proceso judicial.
“Esperamos que pronto siga la suspensión definitiva; vamos a trabajar en los cauces legales, pero la comunidad de Kinchil no se va a dejar”, afirmó, asegurando que el país está “harto de tanta injusticia y de tanta inacción”.
