Encabezados por el comisario, Baldomero Poot Moo, habitantes de la comunidad de Dzidnup solicitaron al Gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, los apoye para solucionar el polémico tema de los cenotes Xkekén y Samulá, que ya fueron recuperados por los pobladores, pero ahora varios podrían enfrentar demandas legales por parte de la empresa que tenía la concesión.
De acuerdo con Poot Moo, han levantado la voz por el bien del pueblo y para todo el pueblo, no se está luchando por unos cuantos, sino para toda esa población.
“Se concesionó a gente mañosa, ahí empezó todo, llego a ser comisario, empiezo a dar pasos adelante y fuimos descubriendo la verdad, llegaron y dicen ser dueños de los cenotes, en su momento contrataron gente del pueblo, pero poco a poco la fueron sacando, la gente se molestó, hice una reunión la semana pasada y decidieron unirse, sacar a esa empresa y fue lo que se hizo”, expresó Poot Moo, en rueda de prensa verificada este día, en conocido restaurante de la ciudad.
El comisario resaltó que afortunadamente no se generaron mayores hechos de violencia e incluso reveló que envió un comunicado al alcalde Valladolid, Homero Novelo Burgos, para avisarle lo que iba a suceder.
“Es un tema delicado, le pedimos al Gobernador que nos apoye porque el pueblo está unido y se posicionó en los cenotes, no lo van a soltar otra vez a los particulares, se organizó un comité y el pueblo administrará los recursos por el bien de todos, se mandarán a limpiar las orillas de las carreteras, se comprará agua para escuelas y se van a mandar a pintar los planteles, no se va a permitir que se haga mal uso al recurso de los cenotes, eso será para el pueblo”, afirmó.
“Le pedimos al Gobierno del Estado que chequen bien, porque la empresa que salió, demandó a varios compañeros, se dice que son 250 demandas, pero la gente sólo está recuperando lo que le corresponde, solicitamos de antemano que nos apoyen, no sabemos si proceda, porque por ley esos cenotes le corresponden al pueblo”, agregó.
Poot Moo anunció que el sitio turístico permanecerá abierto para quienes deseen visitarlo y se establecerá una tarifa de 100 pesos, que incluirá chaleco y lockers.
Por su parte, Sergio Oceransky, de Fundación Yansa, quien respalda legalmente a los pobladores, recordó que el primer movimiento en relación al tema se presentó a favor de la comisaría, en 1994, y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pero en su momento se omitió esa transacción de dominio a favor de la comunidad y se procedió a una adjudicación por herencia.
“Se construyó este recurso para Dzidnub, se registró, no quedó en el aire, hubo escrituración y no se respetó, ellos tienen una escritura notariada a favor de la comisaría y no es un caso como tantos otros, porque es muy frecuente en comunidades mayas que haya tierras comunitarias que son usadas por la comunidad por usos y costumbres, pero no fueron acreditadas y luego se hacen registros fraudulentos que generan los problemas”, manifestó.
“Con las concesionarias, a la comunidad cada vez la van dejando más de lado y se va generando la inconformidad, la empresa se llama Alves, señalan mucho entre la gente que hay una sensación de agravio muy fuerte por parte de esta empresa por la forma como tratan a los pobladores, arrogante, déspota, discriminatoria y la comunidad es dueña de donde están trabajando”, añadió.
