La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó del 15 de junio al 31 de agosto de este año 17 operativos de inspección en predios forestales de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones de seguridad estatales.
Durante estas acciones se detectaron desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que derivó en la clausura de 17 predios en los que la selva fue arrasada para la siembra de monocultivos agroindustriales, principalmente por parte de comunidades menonitas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
En el municipio de Hopelchén, en Campeche, se clausuraron dos predios en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, con afectaciones en 247.85 hectáreas. Además, se aseguró maquinaria pesada tipo oruga.
En Quintana Roo se inspeccionaron predios en José María Morelos, Bacalar y el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, donde se detectó el cambio de uso de suelo en 2,531.12 hectáreas. También se aseguró un tractor con bomba de fumigación.
Y en Yucatán, en el municipio de Tekax, se clausuraron predios en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con afectaciones en 968.62 hectáreas. Además, se aseguraron una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas.
En total, se clausuraron 17 predios con afectaciones en 3,747.59 hectáreas de selva: 247.85 en Campeche, 2,531.12 en Quintana Roo y 968.62 en Yucatán.
De mayo a agosto de este año, la Profepa ha realizado 25 operativos en la Península de Yucatán, con la clausura de predios que en conjunto suman 6,325.60 hectáreas de selva afectada.
Como parte del trabajo para frenar la destrucción de la selva, la Profepa convocó a la integración de una Mesa de combate a la tala ilegal y la deforestación para el Estado de Quintana Roo, esfuerzo coordinado con autoridades ambientales y de seguridad de los tres niveles de gobierno, para detener los acelerados procesos de cambios ilegales de uso de suelo que se están presentando en las selvas de la entidad.
“Además de las clausuras, en todos estos casos hemos abierto procedimientos administrativos y, hasta el momento, hemos presentado 13 denuncias penales. Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar estos desmontes ilegales y avanzar hasta obtener sanciones ejemplares para quienes arrasan con las selvas y para establecer procesos de restauración de la vegetación nativa”, explicó la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
La Procuraduría continuará con acciones permanentes de inspección y vigilancia en la región, a fin de frenar las afectaciones ambientales a los ecosistemas forestales, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y procurar la reparación de los daños ocasionados.
