En Yucatán, el erario público ha sido, con lamentable frecuencia, tratado como caja chica de intereses particulares.
Entre las instituciones más saqueadas figura el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), manejado durante años con discrecionalidad y opacidad.
Conviene subrayarlo: no es dinero del gobierno, es patrimonio de los trabajadores.
Al cierre del sexenio 2001–2007, la deuda del ISSTEY ya ascendía a 144.8 millones de pesos, recursos que pertenecían exclusivamente a los empleados del Estado.
El problema se agravó en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco (2007–2012): las cuotas patronales y retenciones hechas a los trabajadores, por 2,069 millones de pesos, jamás llegaron al instituto. Se desviaron hacia fines particulares.
En enero de 2011, el entonces diputado Renán Barrera Concha hizo pública la denuncia y propuso que el Congreso del Estado ordenara a la Auditoría Superior revisar estos pasivos.
La mayoría del PRI y PVEM rechazó la propuesta. La falta de liquidez pronto empezó a golpear los créditos y prestaciones de los trabajadores. El ISSTEY quedó al borde del colapso.
