Las denuncias de violencia sexual cometida en instituciones universitarias cuentan con protocolos de atención, sin embargo, en muchos casos es nula la solución de las mismas debido a las arbitrariedades que prevalecen en las mismas instituciones académicas, coincidieron especialistas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
La problemática también se registra en la Universidad Autónoma de Yucatán, de acuerdo con diversas asociaciones civiles, tal el caso de UADY sin acoso, entre otras.
Recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) efectuó la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, en la que se estableció que en el país, el 70 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, donde la segunda con mayor prevalencia fue la sexual.
Con el objetivo de analizar ese fenómeno en el ámbito universitario, Juan Carlos Gómez Palacios y Daniel Hernández Rosete, estudiante de doctorado e investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, respectivamente, emprendieron un estudio etnográfico mediante entrevistas sobre “El acoso sexual en la educación superior. Notas antropológicas sobre su resistencia estudiantil”, publicado en Sinéctica, revista electrónica de educación.
Hernández Rosete explicó que en la investigación encontró que las denuncias dentro de las instituciones universitarias ante la violencia sexual sí cuentan con protocolos de atención, el problema es la arbitrariedad que en ocasiones frena las denuncias y provoca su intrascendencia.
Expresó que en términos de organización de las estudiantes, las denuncias sí tienen un fuerte impacto, porque las mujeres se acompañan y visibilizan los nombres de los acosadores e identifican con quién establecer contacto.
La investigación propone definir los protocolos de atención a las víctimas mediante la difusión de los mismos, porque comúnmente la comunidad estudiantil los desconoce, por lo tanto, se debe saber cuáles son los pasos a seguir al presentar una denuncia y garantizar una atención a nivel institucional de manera óptima, con seguimiento en todos los niveles de autoridad, desde la rectoría hacia abajo, acotó.
Señaló que se observaron diversas formas de violencia contra las mujeres, algunas con situaciones explícitas, como invitar a las estudiantes a salir u ofrecer apoyo para conseguir empleo a cambio de favores sexuales; es una agresión de dominación y subordinación.
Gómez Palacios expresó que también se observó que la resistencia de las mujeres se presenta de manera individual, manteniendo un “perfil bajo”.
Es decir, buscan pasar desapercibidas y dejan de participar en clase, reduciendo su potencial académico para no hacerse notar; además, en ocasiones cambian su forma de vestir para no exponer su cuerpo y evitar ser violentadas dentro del aula.
En términos colectivos, la forma en la que las mujeres han aprendido a resistir es generando una contención colectiva a través de grupos organizados dentro de las universidades o con el uso de las redes sociales; una de las actividades que realizan son los llamados tendederos de denuncia.
Resaltó que esas acciones, dijo, pueden ser criticadas, sin embargo, sirven como una estrategia de contención y para visibilizar algo que de forma directa las víctimas no se atreverían a hacer.
Además, al organizarse de manera colectiva las mujeres hacen uso de las redes sociales en grupos de estudiantes para exponer los nombres de los acosadores.
Algunas consecuencias que enfrentan las víctimas son posponer sus estudios o pausar el semestre y hay casos de baja definitiva, esto es solo en el impacto escolar, pero a nivel personal las mujeres viven estados de depresión, porque la violencia sexual se asocia a la muerte social dentro de la vida escolar.
Otro fenómeno ocurre cuando se ponen en duda las denuncias, además de vivir la violencia, las mujeres también son juzgadas por la propia comunidad escolar y son rechazadas dentro de la vida universitaria.
