RADAR POLÍTICO
La inminente salida de Rafael Marín Mollinedo de la delegación de Bienestar en Yucatán confirma lo que en los pasillos políticos ya se daba por hecho: su paso por la entidad fue breve y, para muchos, meramente circunstancial, además de intrascendente.
A poco más de un mes de haber asumido el cargo, su atención parece haber estado más enfocada en Quintana Roo que en el territorio que formalmente debía atender, lo que inevitablemente abre cuestionamientos sobre el sentido de su nombramiento.
Las versiones que apuntan a su renuncia este viernes no sorprenden, pero sí evidencian una práctica recurrente en la política nacional: utilizar posiciones administrativas como antesala de aspiraciones electorales.
Marín Mollinedo no ha ocultado su interés por competir por la gubernatura quintanarroense, y su presunta cercanía con el círculo de poder federal habría facilitado tanto su llegada como su pronta salida.
En ese contexto, la conversación sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Yucatán cobra especial relevancia. Más allá de la formalidad, todo indica que la decisión ya estaba tomada y contaba con respaldo desde el centro.
Así, la delegación de Bienestar vuelve a convertirse en una pieza dentro de un tablero político más amplio, donde los movimientos responden a estrategias de mayor alcance.
El precedente no es menor. Desde esa misma posición se catapultó en su momento una candidatura al gobierno estatal, lo que refuerza la percepción de que la delegación funciona también como trampolín político.
Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión no hay claridad sobre quién asumirá de manera definitiva la responsabilidad, lo que podría generar un periodo de incertidumbre operativa.
¿En manos de quién estará la decisión del relevo en una de las instancias más importantes porque es la que opera la dispersión de los programas sociales?
Por ahora, todo apunta a que el relevo quedará en un titular interino, mientras se define una decisión que, nuevamente, parece depender más de acuerdos en la capital del país que de dinámicas locales.
La interrogante permanece abierta: ¿se privilegiará el conocimiento del territorio o la cercanía política? En un estado que demanda continuidad en programas sociales, la respuesta no debería tardar demasiado.
