El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán, Alejandro Guerrero Lozano descartó que la problemática del Poder Judicial (PJF) signifiqué un retroceso para la democracia en México, pero como dirigentes buscan un ambiente donde los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución se respeten, además de considerar toda esta situación como “un desgaste innecesario”.
Como se sabe, el CCE solicitó a los tres Senadores por Yucatán que votaran en contra de eliminar los fideicomisos del PJF, pero finalmente los representantes estatales tomaron la decisión contraria.
“El Poder Judicial debe tener autonomía de acción, economía, de decisiones, lo que hemos visto es que al quitarle los recursos no solamente se pone en riesgo la operatividad de los mismos juzgados a nivel federal sino también el futuro, porque hablamos que estamos arrancando el proceso electoral más grande en la historia de México y los tribunales seguramente van a tener que desahogar muchos recursos, quejas y demandas de todos los partidos. Los juzgados necesitan tener los medios y la gente capacitada para ejecutar y resolver en tiempo y forma”, expresó.
Por lo tanto, la petición que hicieron los empresarios a los legisladores locales es que se pronunciaran a favor de mantener esa independencia del PJF.
“Todo eso al final de cuentas la Corte misma lo va a analizar y de acuerdo con la gente experta en el ramo del Derecho tiene muchos vistos de inconstitucionalidad, seguramente va a terminar yéndose para atrás, pero como país es un desgaste innecesario, porque al final esta nación es de leyes y los que estamos aquí queremos seguir viviendo en un ambiente donde los derechos y obligaciones establecidas en la Carta Magna se respeten, la convivencia política, social y económica tradicional se puedan seguir manejando”, manifestó.
“No lo veo tanto como un retroceso para la democracia, porque pensamos que esto al final se va a corregir, pero sí es un desgaste innecesario para las instituciones”, agregó.
Guerrero Lozano destacó que han sido testigos que los fideicomisos no solamente estaban establecidos de acuerdo a las leyes, sino que además muchos tenían dinero de los propios empleados, porque han mostrado comprobantes donde les descuentan de su nómina una cantidad para su fondo del retiro y a final de cuentas ese recurso se lo está llevando el gobierno.
“Esa es la parte donde nosotros como sector empresarial no podemos estar de acuerdo, porque al final del día, es dinero privado, ganado por la gente, que le están retirando”, afirmó.
“Los procesos legales posteriores seguramente los conoceremos en las próximas semanas y eventualmente la Corte deberá de tomar una posición, pero pensamos que es una situación que no debería haber pasado. Lo que nosotros estamos buscando es la unidad nacional y no que nos unamos solamente cuando hay una desgracia como la que paso ahora en Acapulco, que como país podamos seguir avanzando y esto nos genera división entre todos los poderes”, concluyó.
