El Congreso del Estado aprobó este 24 de octubre la reforma a la Ley del ISSTEY, impulsada por la administración de Joaquín Díaz Mena, que introduce una serie de cambios estructurales orientados a mejorar las condiciones de retiro y la estabilidad financiera del instituto.
Uno de los aspectos más destacados es el tope a las cuotas que aportan los trabajadores, que permanecerán congeladas en 11 por ciento hasta 2030, evitando incrementos que afecten su poder adquisitivo.
La nueva legislación elimina el llamado “salario regulador”, mecanismo que promediaba los ingresos de los últimos 20 años y reducía hasta en un 15 por ciento el monto final de las pensiones.
Con la reforma, los montos se calcularán con base en los dos últimos años de salario, lo que permitirá una jubilación más justa y proporcional a los ingresos reales del trabajador en su etapa final de servicio.
También se establecen nuevas condiciones de retiro, pues la edad mínima para jubilarse será de 55 años con 15 años de servicio, mientras que los años de cotización requeridos disminuyen a 30 para los hombres y 28 para las mujeres, un cambio que amplía el acceso a la pensión y reconoce las desigualdades laborales históricas entre géneros.
Además, se garantiza que el ISSTEY no podrá realizar inversiones riesgosas con los fondos de los trabajadores, una medida de control financiero que busca evitar desvíos y malos manejos.
Otro punto relevante es el fortalecimiento institucional del ISSTEY.
La reforma establece la obligación de construir reservas financieras sólidas y transparentes, que garanticen el pago de pensiones a largo plazo.
Con ello, el gobierno estatal busca dejar atrás el uso político y discrecional del instituto, promoviendo una administración técnica, sostenible y orientada exclusivamente a la seguridad social.
El proceso de aprobación incluyó mecanismos de parlamento abierto.
Se habilitó un micrositio de consulta ciudadana y se realizaron reuniones con sindicatos del magisterio, el poder judicial y el poder ejecutivo.
Las representaciones coincidieron en que la propuesta constituye un beneficio tangible para la base laboral, al modernizar el sistema sin comprometer los derechos adquiridos.
El dictamen fue avalado con 23 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PRI, Movimiento Ciudadano y una diputada sin partido, frente a 11 en contra del PAN.
Con más de 42 mil trabajadoras y trabajadores beneficiados directamente, la reforma al ISSTEY representa un giro hacia un modelo de justicia social y sostenibilidad, alineado con los principios del llamado “Renacimiento Maya” que impulsa el actual gobierno estatal.
