El llamado público a incumplir las medidas sanitarias para detener el alza de contagios e ingresos hospitalarios por el Covid-19 por parte del presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Roberto G. Cantón Barros, podría considerarse un delito de sedición; sancionado en el Código Penal de Yucatán; según fuentes consultadas por Yucatán Ahora.
Según trascendió, un grupo de restauranteros que están a favor de las medidas implementadas y que no han sido escuchados dentro de la Canirac, revelaron que en las próximas horas se interpondría una denuncia penal en contra del presidente ya que están en contra de la imagen que se está generando en el sector.
Este mismo grupo de restauranteros comentó que las malas decisiones y el exceso de protagonismo de Roberto G. Cantón, así como sus intereses económicos y personales, lo están orillando a caer en una total ilegalidad que perjudicaría cualquier tipo de negociación; lo cual, afirman, es lesivo para todo el gremio e incluso hasta para quienes no forman parte de la Cámara, “pagando justos por pecadores”.
Se rumora que la denuncia será interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por incumplir lo establecido en el artículo 298 en el que se establece que se consideran de carácter sedicioso las informaciones que inciten a las personas para impedir u obstaculizar la aplicación de las leyes, impedir a la autoridad el libre ejercicio de sus funciones o evitar el cumplimiento de alguna providencia judicial administrativa.
Las sanciones van desde la prisión de uno a cuatro años o de cincuenta a doscientos días de multa y de cincuenta a doscientos días de trabajo a favor de la comunidad, a quien difunda información y lesiones derechos de terceros, entre otras agravantes.
La denuncia, de acuerdo con fuentes extrajudiciales; está siendo valorada para ampliarse, según informaron a Yucatán Ahora “a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición”, lo cual es penado con cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.
Yucatán Ahora intentó obtener una versión oficial de esta denuncia, al parecer inminente, pero no pudo ser confirmada por las instancias jurídicas correspondientes, aunque según reportaron nuestras fuentes, técnica y jurídicamente existen elementos para probar la comisión de dichos delitos.
