Un grupo de feministas y dos organizaciones civiles presentaron un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito para que el Congreso del Estado reponga el proceso de nombramiento de magistrado, pues con la elección de Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova no se respetaron los criterios de paridad de género y el postulado en cuestión no cumplió con el principio de demostrar honorabilidad, capacidad y prestigio para ocupar ese cargo.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu explicó: “Hay una obligación con el artículo 64 de la Constitución Política del Estado que establece en el proceso de nombramiento de magistrados o magistradas, se tiene que respetar que respetar la paridad de género, cosa que no sucedió ni por parte del Poder Ejecutivo al proponer la terna, ni por parte del Congreso del Estado al nombrar al magistrado”.
La terna enviada por el secretario de salud, Mauricio Sauri Vivas, en ausencia por el gobernador Mauricio Vila Dosal, estaba integrada por varones; cuando en la Sala Penal, para la que los diputados y las diputadas eligieron togado, ya estaba integrada por dos hombres. “Este argumento es muy importante, porque es obligación constitucional, de cualquier autoridad, para respetar la paridad de género”, señaló.
El segundo argumento está basado en el artículo 116 de la Constitución Mexicana y 65 de la Constitución Yucatán establecen que los candidatos y las candidatas para las magistraturas deben cumplir con haber demostrado capacidad, honorabilidad y prestigio. un principio procedimental, que si no se cumple se viola el proceso de magistrado”, señaló.
No se cumplió ese principio, pues en una toca penal hubo una resolución en la que revocó una sentencia que, cuando Mendoza Casanova fue juez, exoneró a una persona acusada de haber violado a una niña de seis años, recordó. “La Sala, al revocar la sentencia, hizo toda una observación que como medida de reparación de daños y no repetición tenía que capacitarse”.
Ligia Vera Gamboa, promotora de la “Ley 3 de 3 contra la violencia”, comentó que, si bien a nivel estatal se establece que ningún agresor puede acceder a ocupar cargos en la administración pública o impartición de justicia, en la ley federal sólo aplica si hay sentencia. “Como solo tenemos los números de expedientes de las denuncias contra esta persona, pero no hay sentencia firme, nos lo desecharían fácilmente”, señaló.
Fernández Mendiburu pidió al Poder Judicial de la Federación a que admita el amparo, porque es la única vía para que las mujeres puedan reparar procesos que dañan la perspectiva de género y ponen en riesgo a las niñas, los niños y las mujeres.
Las personas promoventes del amparo son: Gina Villagómez, Ligia Vera, Adelaida Salas, Rocío Quintal López, Marytere Munguía, Berta Elene Munguía Gil, Leticia Murúa Beltrán Aragón, Georgina Rosado, Patricia McCarthy Caballero, Naomi Méndez Munguía, Paola Kantún Vera y Alejandra Poot, así como la Red de Mujeres por la Democracia Paritaria y Red de Yucatán A.C., coordinadas por Milagros Herrero Buchanan y Milka Abril Rodríguez Cárdenas, respectivamente.
