Al menos una decena de jueces de control en Yucatán estarían dictando resoluciones sin haber rendido protesta de ley ante el Pleno del Poder Judicial del Estado, lo que, de acuerdo con especialistas, invalida sus sentencias y podría constituir el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La denuncia fue presentada desde octubre del año pasado ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha cobrado relevancia en medio del proceso nacional de selección de nuevos ministros, magistrados y jueces.
Según el abogado Justo Medina Escobedo, los jueces implicados iniciaron funciones sin cumplir el requisito legal de rendir protesta, por lo que sus actuaciones —como órdenes de prisión preventiva o resoluciones de libertad— carecerían de validez jurídica.
“No es lo mismo ser nombrado que rendir protesta. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 85, establece que: ‘Los jueces de primera instancia rendirán su Compromiso Constitucional ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, por conducto de su Presidente’”, recordó el abogado.
Además, citó lo dispuesto por el Artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que señala:
“Todo servidor público del Estado y de los municipios, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, manifestará ante quien corresponda el Compromiso Constitucional de cumplir las obligaciones que contrae, al guardar y hacer guardar sin reserva alguna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado y las Leyes que de ellas emanen, en los términos previstos en el artículo 67 de esta Constitución.”
“Los actuales jueces comenzaron a ejercer sin rendir protesta, y desde un punto de vista técnico-jurídico, eso los invalida como tales. Todo lo que hayan dictado desde el inicio es absolutamente ilegal”, subrayó Medina.
El caso tiene su origen en un concurso realizado entre 2023 y 2024 para designar jueces. Uno de los aspirantes fue eliminado de forma presuntamente irregular y promovió un amparo federal. Aunque un juez de distrito concedió una suspensión, el Consejo de la Judicatura del Estado habría desacatado la orden judicial.
“Violando la suspensión, el Consejo nombró de forma provisional a personas que participaron en el concurso para que ejercieran funciones de juez, pero sin rendir protesta. Eso constituye un delito”, advirtió el abogado.
El propio Consejo de la Judicatura reconoció en actas oficiales que los jueces señalados no fueron designados formalmente, sino que recibieron nombramientos provisionales ante la falta de juzgadores en el sistema penal acusatorio.
Entre los denunciados ante la FGR figuran: Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, Rodrigo Dajdaj Germon, Silvia Pamela Cetina Bautista, Mónica Acosta García de la Cadena, Wendy Yazmín Herrera Tun, Silvia Elena Torres Cobá, Jazmín Ojeda Alayón, Suemy Cecilia Alejas Góngora, Elsy Margarita Basto Uc, Yanet del Rocío Rodríguez Tilán, así como la administradora del Tribunal Superior de Justicia, Mindy Carolina Evia Heredia.
