Pobladores de Umán así como de Flamboyanes, comisaría de Progreso, acudirían al Congreso del Estado para solicitarla intervención a los legisladores sobre el daño ecológico y a la salud que generan las cementeras, caleras, sascaberas, concreteras, criberas y sitios de extracción de material de construcción.
Incluso, en el caso de Umán, también denunciarán el despojo de tierras ejidales por parte de la planta cementera Holcim Apasco, así como de un banco de extracción de material pétreo.
La coordinadora del grupo de Umán, Camila Koh, lamentó el desinterés por la salud del medio ambiente y la de los yucatecos, a consecuencia de las micropartículas generadas con la instalación y ampliación de empresas contaminantes, en especial de las cementeras, caleras, sascaberas, concreteras, criberas y sitios de extracción de material de construcción.
Remarco que diversos especialistas han demostrado el daño que ocasionan las micropartículas, pero las autoridades hacen caso omiso a las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Químicos de Yucatán (CIQY); de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Syisaac), de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (Amia), y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
Lamentó que estén en funcionamiento cementeras y caleras en Progreso, Umán y Mérida, mientras que en todo el Estado, son cientos los bancos de materiales que existen, muchos de los cuales, están abandonados, por lo que representan un serio daño al medio ambiente.
Por ende, debido a las recurrentes quejas de los ciudadanos en contra de industrias contaminantes, planean acudir al Congreso del Estado para solicitar la intercesión de legisladores para evitar un mayor daño al medio ambiente así como la aparición de diversas enfermedades en niños y senescentes.
El dirigente de la asociación “Lucha Maya Peninsular”, Raúl Quiroz Moo, expresó que en el caso de los vecinos de Progreso, también piden la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales prohíban el funcionamiento de las empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad
Resaltó que durante años fueron ignorados y que “lo único que les han dado son negativas por parte de un juez de distrito”.
En el caso de Chocholá, se presentó una situación similar a las condiciones de Progreso y Umán, donde se instaló una calera, pero los pobladores en compañía de la entonces comisaria Claudia Cob, realizaron movilizaciones ante autoridades ambientales y lograron detener esa empresa, y el proceso jurídico aún continúa.
Finalmente, Camila Koh expresó que las caleras y cementeras en el estado, actualmente mantienen conflictos con los pobladores por causar daño ambiental, incluyendo afectaciones a diversas especies de aves y mamíferos en peligro de extinción.
“Nos están enfermando con tanta industria contaminante y no conforme con esto, nos han robado tierras, por más que hemos levantado quejas ante autoridades, nos han ignorado. Nuestra petición es poner un alto a estas industrias contaminantes y no permitir el despojo de la comunidad ejidal”, concluyó.
