Sigue pendiente la resolución de la controversia constitucional que presentó el gobierno de Yucatán en contra de la definición del territorio del vecino estado de Quintana Roo, la cual invade varios municipios yucatecos.
Sobre el tema, el Consejero Jurídico de Yucatán, Yussif Heredia Fritz, refirió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que emita la resolución final del proceso, aunque insiste en que todos las pruebas y elementos presentados son suficientes para que se respete el territorio estatal.
“Se tendrá que hacer todos los análisis históricos y antropológicos para llegar a una resolución que, consideramos, debe respetar los límites del estado de Yucatán, que su Constitución así lo establece y nunca ha sido modificada. El que modificó fue Quintana Roo. Esas divisiones territoriales que tenemos han existido históricamente”, externó.
En 2019, Yucatán presentó una controversia constitucional en 2019 contra del decreto emitido por Quintana Roo, en el que establece sus límites territoriales, lo cual afecta a los municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, así como una amplia zona del estado de Campeche, entidad que también inició un proceso por este asunto.
De hecho, el máximo tribunal de México ordenó la suspensión de los efectos de dicha reforma para que el estado de Quintana Roo se abstenga a realizar cualquier acto formal o material que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva, entre tanto resuelve la controversia.
Se insistió en que los municipios en cuestión siempre han pertenecido a Yucatán desde hace muchos años.
“Se les ha estado apoyando y el ejercicio de la soberanía en esos lugares, Yucatán lo ha ejercido históricamente. Tenemos las escuelas, tenemos los centros de salud, el Registro Civil, todas las escuelas, los estudiantes son de Yucatán. Entonces, la soberanía la ha ejercido en estos lugares, por lo tanto, son territorios yucatecos”, señaló el funcionario.
Se recalcó que no hay un plazo ni temporalidad específica para que la corte emita una resolución, aunque mantiene firme su convicción de que esta será a su favor.
