El Gobierno del Estado de Yucatán solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar y supervisar el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto “Las Dunas”, en Chuburná Puerto.
Asimismo, precisa que los dictámenes emitidos por las autoridades estatales condicionan expresamente la conservación total del humedal costero, del manglar y de la Zona Federal Marítimo Terrestre presentes en el predio, cuya protección constituye un requisito obligatorio para el desarrollo de la obra.
Los dictámenes de Factibilidad Urbana Ambiental emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial establecen con claridad que 45,728 metros cuadrados de humedal costero y 2,880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre no pueden ser ocupados ni modificados de ninguna forma, por lo que más de la mitad de la superficie del predio debe destinarse a conservación.
Asimismo, disponen que las especies de manglar presentes en la zona no deben ser afectadas ni su hábitat modificado, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.
Conforme al marco jurídico vigente, la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades en humedales costeros, el otorgamiento y la vigilancia de las concesiones sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como la protección de los manglares, son competencia exclusiva de la Federación.
De acuerdo con la información disponible en el ámbito federal, el proyecto cuenta con la documentación correspondiente en esas materias; en consecuencia, corresponde a la Semarnat y a la Profepa constatar que las obras se ejecuten en estricto apego a los términos, condicionantes y medidas de protección establecidos en dichas autorizaciones.
El Gobierno del Estado ha hecho llegar a la autoridad federal la información técnica con la que cuenta, como parte de una coordinación institucional respetuosa de la distribución de competencias.
En el ámbito de su competencia, el Gobierno mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las condicionantes estatales y no permitirá afectación alguna al manglar ni a la duna costera.
