El Gobierno de Yucatán deberá asignar un presupuesto a políticas públicas de la comunidad LGBTI+ y realizar un diagnóstico de las prioridades de los colectivos aglutinados en este sector social, de acuerdo con un mandato judicial que está en proceso de notificación tanto al Poder Legislativo, como al Ejecutivo.
Juan Pablo Delgado Miranda, abogado, político, activista y Cesar Briceño Castro integrante del colectivo “Por la protección de todas las familias de Yucatán” AC dieron a conocer el laudo judicial alcanzado tras una demanda realizada contra el Poder Ejecutivo estatal y que deberá validar el Congreso del Estado.
En rueda de prensa informaron que, la demanda judicial interpuesta contra el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado fue a su favor, por lo que, a partir de este año, la administración estatal deberá reformular la partida presupuestal 2.3 de recursos destinados a organismos sociales y aplicar acciones de políticas públicas en favor de la población LGBTI+.
Juan Pablo Delgado detalló que, la demanda judicial contra el Gobierno fue notificada a la parte demandante el pasado 13 de junio, ahora resta establecer la notificación a las partes demandas: el Poder Ejecutivo y Legislativo y si no recursan la sentencia deberán establecer mecanismos para destinar recursos a los programas sociales de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual y más a partir de este año.
Señaló que, Yucatán será el cuarto estado que deberá realizar este ejercicio financiero, ya que previamente se ha logrado en Jalisco, la capital del país y Guanajuato. Expuso que, esta misma condición se aplicó en el estado de Guanajuato, sitio de donde es originario Delgado Miranda- se logró en 2022 y en diciembre pasado, la administración estatal destinó 20 millones de pesos para realizar un diagnóstico de las condiciones de la población LGBTI+.
Expuso que, en este momento, se espera que las partes denunciadas sean notificadas, se aplique la sentencia federal y ambos poderes realicen los cambios necesarios a las atribuciones solicitadas en la demanda judicial, con ello, reformar la Ley Estatal de Presupuesto y la partida presupuestal establecida para cuantificar las acciones y tareas que se necesitarán.
Sostuvo que, la alternativa en este momento será, proponer acciones por parte de los colectivos de la comunidad LGBTI+ para el uso y destino de estos recursos que no podrán ser para eventos, festivales o programas políticos. Dijo que, la partida presupuestal 2.3 del gobierno de Yucatán tiene una bolsa de 493 millones 755 mil pesos, de donde se deberá asignar una partida presupuestal, de acuerdo con el laudo judicial positivo.
Por su parte, Cesar Briceño Castro señaló que, toca ahora a las organizaciones y agrupaciones LGBTI+ establecer una serie de acuerdos, concretar un diagnóstico y sentarse en una mesa a dialogar con las autoridades estatales para conocer y definir las metas y programas que se podrán realizar con dichos recursos.
Aceptó que no hay datos concretos sobre el número de personas, la situación socioeconómica y los principales problemas por los que atraviesan las personas Lésbico-Gay, Bisexual, Transgénero e Intergénero y más. Por lo que, será preciso establecer acciones y mecanismos de comunicación entre las agrupaciones, definir agenda y encauzar las acciones y propuestas para que la población LGBTI+ reciba estos beneficios.
