Más de mil 300 familias de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur III, así como integrantes de los ejidos San Antonio Xluch y Nocó, denunciaron que continúan sin acceso a la escrituración de sus predios debido a presuntas irregularidades y retrasos atribuidos al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).
Los afectados señalaron que este problema se ha extendido por más de 15 años. A pesar de haber cumplido con los requisitos para incorporarse al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), aseguraron que no han obtenido avances concretos.
Indicaron que ocupan una superficie cercana a las 74 hectáreas y permanecen sin certeza jurídica sobre su patrimonio.
Durante una conferencia de prensa, acusaron a Rafael Chan Castañeda, exservidor público de la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), de presuntamente engañar a colonos y ejidatarios al ofrecer gestiones particulares para la legalización de los terrenos. Según su versión, desde 2012 entregaron aproximadamente 6 millones de pesos para dichos trámites, los cuales no fueron inscritos ante el Registro Agrario Nacional (RAN) debido a presuntas deficiencias técnicas y normativas.
Asimismo, el presidente del Comisariado Ejidal de San Antonio Xluch y Nocó, Luis Alberto Cetina Euan, y el tesorero Mario Pastor Perera Narváez, señalaron al representante regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de obstaculizar el avance del expediente y restringir el acceso a información relacionada con el proceso.
Explicaron que, aunque en mayo de 2025 se realizaron trabajos topográficos y se autorizaron acciones para avanzar en la regularización, aún están pendientes los levantamientos complementarios y las gestiones de expropiación requeridas.
Ante esta situación, los habitantes y representantes ejidales exigieron a la dependencia federal realizar las acciones técnicas necesarias para concluir el procedimiento, transparentar el estado de las gestiones y aclarar las medidas emprendidas contra Rafael Chan Castañeda.
Reiteraron que su principal demanda es obtener las escrituras correspondientes y brindar certeza patrimonial a todas las familias involucradas.
