Pobladores de 10 comisarías de Umán y Mérida denunciaron el grave impacto socioambiental que sufren a consecuencia de los bancos de material pétreo instalados en estas comunidades ante gran emisión de partículas, el uso constante de dinamita, y el aumento del tráfico de volquetes.
Asimismo, manifestaron que el problema se complica con las caleras y cementeras instaladas en la entidad, tal como lo han denunciado los habitantes de Flamboyanes, comisaría de Progreso.
“Ya no vivimos como antes, los niños ya no tienen libertad para jugar ni para ir con su bicicleta, ya que corren el riesgo de ser atropellados por los camiones de volteo”, afirmó Juanita Ramírez Medina, quien advirtió que “los alumnos de la escuela primaria ‘Cristóbal Colón’, de Hotzuc, (comisaría de Umán), corren un grave peligro debido al paso de los camiones de carga”.
Más de 50 personas se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para lamentar la proliferación de la minería no metálica o de cantera, debido a la creciente demanda de materiales de construcción para la industria turística-inmobiliaria, la cual labora en zonas residenciales, torres departamentales, hoteles, centros comerciales, caminos, puentes, terminales de tren, etc.
Durante la manifestación, Ángel Uicab, de Yaxcopoil, comisaría de Umán, aseveró que de 2018 a 2025 se aprobaron más de 60 bancos de material pétreo, de los cuales, 10 se ubican en el municipio.
A consecuencia del negativo efecto, los habitantes de Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheuman, Petecbiltun y Texán Cámara, comisarías de Umán y Mérida, decidieron manifestarse.
Los inconformes enunciaron seis impactos reales y concretos, tal el caso explosiones constantes que generas estrés, miedo y afectaciones emocionales en los niños, además del polvo suspendido que todos los días se respira, con impacto en la salud.
Asimismo, calles invadidas por volquetes que ponen en peligro la movilidad y la seguridad; casas con grietas y daños estructurales por las detonaciones; tala de monte y desplazamiento de la fauna, y la afectación al patrimonio arqueológico, como ocurrió en Yaxcopoil.
Hasta hoy, ninguno de los proyectos realizó un proyecto popular previa, libre e informada.
Finalmente, presentaron un pliego petitorio, con cuatro puntos: alto inmediato a la autorización de nuevos bancos de material pétreo; reconocimiento oficial de la emergencia socioambiental rama que afecta a la Península; reparación integral del daño, que incluya atención a la salud física y emocional de la población, la reparación de viviendas afectadas y la reforestación, además del respeto a la autonomía y libre determinación.
