En Yucatán, así como en el resto del país, es necesario que se efectúen cambios tanto en el Poder Judicial como en sus mecanismos de acción que otorgan acceso a la justicia, porque de no hacerlo, la impunidad continuará creciendo y afectando a la ciudadanía, expuso la feminista y doctora en Derecho especializada en temas de Igualdad y Paridad de Género, Patricia Olamendi Torres.
En días pasados, y el marco de la discusión de la iniciativa “3 de 3” en el Congreso del Estado, la experta en Derechos Humanos destacó que el Poder Judicial en Yucatán, así como en el resto del país y en América Latina, se encuentra anquilosado, lo cual aseguró, ha retrasado el avance de mejoras y modernización en la aplicación de justicia ocasionando rezagos y el aumento de casos de impunidad que no han encontrado solución o sentencia durante largos periodos de tiempo.
Como ejemplo, la representante de la agrupación Toda México, relató que en América Latina ya existen juzgados especializados, donde casos como pleitos por pensión alimenticia se pueden resolver en periodos de hasta 6 meses, y por el contrario en Yucatán, existen casos similares, así como de guarda y custodia de menores con más de 3 años de antigüedad que continúan sin resolverse, resultando en casos de impunidad para los solicitantes.
Como prueba de lo anquilosado que se encuentra el Poder Judicial en Yucatán, la experta mostró una amplia lista de casos similares que continúan rezagados en diversos Juzgados del municipio de Kanasín, lo que aseveró significa un problema enorme y brutal de falta de acceso a la justicia, lo cual confirma el nivel de impunidad nacional que dijo va del 96% al 98%.
Olamendi Torres enfatizó que de suscitarse una renovación en el Poder Judicial estatal y en sus mecanismos de acceso a la justicia, se promovería una cultura de decencia, respeto y se evitaría el crecimiento de un problema generalizado que se retrata en muchos lugares de México y del mundo.
