MÉRIDA.- Con el voto a favor de dos diputados del PAN, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano fueron aprobados por mayoría las solicitudes de empréstito del Ayuntamiento de Mérida, por 400 millones de pesos; de Progreso, por 36 millones de pesos y el de Umán, por 10 millones de pesos; durante la sesión de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.
Durante la discusión del crédito para Mérida, se distribuyó entre los integrantes del cuerpo colegiado un oficio del alcalde Renán Barrera Concha, para modificar el catálogo de obras a realizar, en las que contempla el distribuidor vial entre Prolongación Montejo y Circuito Colonias, construcción de fosas en el Cementerio General y acciones del corredor turístico en la calle 47.
Sobre estos temas, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC), indicó que en estos tiempos donde la economía está devastada, alguien tiene que contratar una deuda, sino es el municipio entonces tendrían que ser los ciudadanos.
Por otro lado, se informó que el alcalde de Sucilá, Diego Lugo, envió un oficio a la Comisión para desistir de su iniciativa de solicitud de empréstito, por lo que dicho trámite fue finalizado.
En asuntos generales, se distribuyó la iniciativa para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que había sido pedida por la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN).
Justicia
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar diversas disposiciones al Código de Administración Pública de Yucatán y al Código Penal, en materia de cerrajeros, así como otra, en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada, ambas suscritas por Movimiento Ciudadano.
En relación al tema de los cerrajeros, la diputada Milagros Romero, detalló que se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá crear, operar y mantener actualizado el registro único de quienes se dedican a este oficio y la persona que no esté dado de alta o no de aviso a las autoridades cuando se le solicite abrir una casa o un vehículo, se le deberá sancionar con el objetivo de disminuir los robos a casa habitación.
El dictamen también establece que cuando una persona aprovechándose de los conocimientos de cerrajería cometa, facilite o a sabiendas permita un ilícito mediante el uso de ganzúas, chorlas, llaves maestras o limadas o cualquier otro instrumento u objeto físico, scanner o cualquier otro dispositivo electrónico, destinado para abrir, bloquear, inhibir o forzar cerraduras o dispositivos de seguridad, se le impondrá una pena de prisión de uno a cinco años y hasta una multa de cincuenta a quinientos días-multa.
Referente al otro producto legislativo, se establece que a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a 20 años y de mil a tres mil días-multa; además, si la víctima queda embarazada y/o en contagio de enfermedad de transmisión sexual, la sanción se aumentará en una mitad.
Así como se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a 30 años, y de tres mil a cinco mil días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, a una persona menor de 15 años de edad o a persona privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir.
Así mismo, si además se ejerciere violencia física o moral, y en su caso, resultare en embarazo y/o en contagio de enfermad de transmisión sexual, el mínimo y el máximo de la sanción se aumentarán en una mitad.
En asuntos generales se distribuyeron cinco iniciativas: una sobre adiciones al Código Penal y otra para reformar la misma norma, en materia de feminicidio y abuso sexual, ambas de la fracción de MC; otra al mismo Código, en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidio, signada por Fátima Perera Salazar (Morena).
Una más para reformar el Código Penal y el CAPY, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por el Ejecutivo estatal; por último, la propuesta para expedir la Ley de Amnistía, promovida por Miguel Candila Noh (Morena).
