[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Consejo Agroalimentario de Yucatán AC celebró su IX Asamblea Mensual en la que participaron más de 60 organizaciones y empresas vinculadas a la generación de alimentos, y donde tuvieron como invitado a Juan Carlos Gamboa Bustamante, encargado de la representación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal.
Durante la Asamblea presidida por Nerio Torres Arcila, Fernando Ponce García y David González Domínguez, Presidente, Vicepresidente y Tesorero del CAY, respectivamente, se autorizó la adhesión a un documento del Consejo Nacional Agropecuario para solicitar al Senado de la República que detenga el impuesto a los derechos de agua, porque representaría un duro golpe, que la Cámara de Diputados incluyó en la Ley Federal de Derechos.
“Los productores agropecuarios tendrán mayores costos de producción y en consecuencia, habrá un aumento generalizado en el precio de los alimentos, lo que además pondría en riesgo la soberanía alimentaria del país, ya que este pago podría significar un costo adicional a los productores de hasta 3 mil pesos por hectárea”, dijo Torres Arcila.
Destacó que en la iniciativa se argumenta de manera errónea que el sector agropecuario solo aporta el 3% del PIB nacional, cuando en realidad las cadenas productivas del sector y los servicios colaterales que se benefician de esta actividad llegan casi al 20% del PIB.
En el documento que el Consejo Nacional Agropecuario está difundiendo, se señala que un compromiso que ha reiterado el Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se crearán nuevos impuestos en los primeros tres años de su administración, que además tiene como objetivo lograr la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos; por lo que este gravamen que se pretende establecer a los productores sería un incumplimiento a ese compromiso y un duro golpe a los productores mexicanos.
El CNA tiene la confianza de que en el Senado de la República se valoren los impactos negativos que implicaría este nuevo impuesto para los productores agropecuarios de todos los estados.
Participantes en la asamblea
Asistieron: Jose Adonay Braga Loret de Mola, Administrador del Oriente de Yucatán Aric.; Ismael Charruf Navarrete, La Anita; Enrique Herrera Gamboa, Agroindustrias San Alberto; Carlos Martínez Terrazas, Fertibal; Arturo Peniche Solís, Arpen; Jose Rogelio Perez Monsreal, Asociación de Ganaderos Diversificados Productores de Flora y Fauna Silvestre de Yucatán; Yigal Marcel Rodriguez Romero, Agriforza Comercializadora; Amilcar Arcila Novelo, Hotel Sotuta de Peón; entre otros.
Principales impactos del impuesto al agua
1. Los sistemas de riego en México aportan más del 70% de la producción nacional de granos básicos y sus productores verán seriamente afectada su economía (los precarios ingresos netos de las familias de los agricultores productores de granos básicos se verán afectados en más de un 50% en promedio) lo que pone en riesgo, no solo el sustento de centenares de miles de familias, sino el maltrecho sistema de abasto de alimentos en México.
2. Los productores agrícolas de los sistemas de riego, al disponer de más de cinco hectáreas por productor en promedio, han sido excluidos de los apoyos de los programas de bienestar y de precios de garantía y se les pretende dejar fuera de los programas de apoyo a la comercialización, lo que los ha dejado expuestos a una brutal competencia desleal con los productores de otros países que reciben cuantiosos apoyos y subsidios.
3. En los Distritos de Riego, que representan más del 60% de las áreas de riego en el país, se afecta en forma indiscriminada a pequeños y medianos productores.
4. Los productores agrícolas de los sistemas de riego del país, con sus propios recursos, hoy se hacen cargo de la operación y conservación de centenares de miles de kilómetros de canales que no sólo abastecen de agua a nuestros predios, sino que abastecen de agua a infinidad de comunidades y a múltiples municipios del país, actividad que sería insostenible económicamente con este nuevo impuesto. Esta responsabilidad, es en principio del gobierno y hoy la atienden los agricultores, aportando cada año un tributo de más de 5,000 millones de pesos.
5. Al incrementar los costos de producción en hasta más de un 15% en promedio (3, 4 y hasta 5 mil pesos por hectárea al año) indiscutiblemente presionará incrementos en los precios de los granos y de la canasta básica en general (leche, carne, huevo, pan, tortilla, etc.).
6. El tema del agua es hoy un tema de seguridad nacional, los productores agropecuarios disponemos de más del 76% de las aguas concesionadas; actualmente la demanda supera ya en 10% la disponibilidad y el recuperar la sustentabilidad en el manejo de este vital recurso, demanda de cuantiosas inversiones en tecnificación y modernización de los sistemas, recursos que hoy dejó de aportar el gobierno y que los productores se verán imposibilitados de atender.
7. Fomentará las extracciones ilegales de agua, aumentará la ya escandalosa corrupción y un mayor descontrol en la anhelada dotación volumétrico del agua.
8. México hoy importa más del 45% de los granos básicos que consumimos, este nuevo impuesto, al afectar la sustentabilidad económica de la producción de granos, impide avanzar en la anhelada autosuficiencia, vulnera la hoy insuficiente seguridad alimentaria e impacta directamente en la soberanía de nuestro país.
9. Es ilegal, porque representa una doble tributación sobre el mismo concepto, hoy en los Distritos de Riego ya se paga un impuesto volumétrico por el uso del agua.
10. Es anticonstitucional porque es inequitativo, para una misma zona o región un usuario de un Distrito de Riego tributa mucho más que un usuario de las mismas características en una Unidad de Riego en la misma zona o región. Adicionalmente hay regiones de México donde la escasez de agua es mayor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
