Por: Dra. Rocío Quintal López
De acuerdo con información que ha circulado en los medios de comunicación mañana lunes 16 de agosto, existe una ventana para que se discuta y vote por tercera y última oportunidad para esta legislatura, la iniciativa del Matrimonio Igualitario para Yucatán. El primer filtro será la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde sus integrantes decidirán si se aprueba -o no- para su votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Esperemos que quienes integran dicha Comisión estén a la altura de las circunstancias y realidad nacional y estatal, que de acuerdo con datos del INEGI señala que el número de familias encabezadas por parejas del mismo sexo ha ido creciendo en nuestro país -hasta el 2015 se tenía un registro de 198 mil 502 parejas-, de tal manera que negarse a discutir y aprobar iniciativas que abordan esta realidad, es entrar en un terreno en el que se niegan, de manera deliberada, las garantías constitucionales de un importante sector de la ciudadanía.
De aprobarse la votación en el pleno, el dictamen a votar será el que propone modificaciones al artículo 94 de la Constitución Local, que hoy día limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, cerrando toda posibilidad para que las personas no heterosexuales puedan ejercer este derecho civil, pero ante todo humano, a unirse con la pareja que elijan en los términos legales y con las garantías que la figura jurídica que el matrimonio conlleva. No sobra decir, que al estar establecido de esta manera Yucatán se encuentra en estado de inconstitucionalidad y desacato, de acuerdo con la declaratoria general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2015) en la materia.
Esto parece no preocuparles a la mayoría de los(as) diputados(as) del Congreso Local que con el sentido de su voto en el 2019, decidieron mantener la situación de exclusión, discriminación, marginación y violación de los derechos civiles y humanos de las personas no heterosexuales, al negarles su derecho al matrimonio.
La situación de inconstitucionalidad y desacato en la que los diputados/as de Yucatán decidieron mantener el Estado con su voto en contra del matrimonio igualitario, por sí misma es deleznable; pero se torna aún peor si recordamos la forma tan COBARDE Y PUSILÁNIME como lo hicieron las dos ocasiones en las que se votó la iniciativa en el 2019, a través de un Voto Secreto, para que la ciudadanía no conociera el sentido del mismo. Cobardes y pusilánimes, porque no tuvieron el valor para defender y asumir los riesgos de su posición.
Ambos adjetivos retratan la actuación de los y las diputados(as) que impusieron la votación secreta y encubiertos por el anonimato votaron en contra del matrimonio igualitario y con ello a favor de la violación de los derechos civiles, políticos y humanos de las miles de personas no heterosexuales que viven en Yucatán. Pese a ello, posterior a la votación poco a poco se fue filtrando información de qué diputado/a había votado en qué sentido, hubo sorpresas y otras no tanto. Por ejemplo, resultó doblemente indignante que de cuatro diputados de MORENA en el Congreso, sólo una -Fátima Perera- voto a favor.
Los otros tres, incluido el Presidente de esa fracción, Miguel Cándila Noh, lo hicieron en contra. Destaco la votación de este partido, porque supuestamente cuando la ciudadanía los eligió pensó que iban a representar a la oposición dentro de la Cámera, y además porque desde sus estatutos políticos de partido se establece como principio legislar para la no discriminación en función de la orientación sexual de las personas. Situaciones, ambas que fueron burladas por los diputados de esa fracción política.
Ojalá que para la votación que tendrá lugar esta semana, los miembros de la cámara local de diputados dejen atrás la cobardía y pusilanimidad de la que hicieron gala en el 2019 y sean transparentes con la ciudadanía, emitiendo su voto de forma abierta y razonada.
El exhorto es a que hagan un esfuerzo consciente y actúen como como verdaderos estadistas, con la claridad y capacidad para apostar y abonar en la construcción de un escenario social, político y legal que garantice un estado de derecho para todos y todas quienes habitamos Yucatán; sin exclusión, discriminación, violencia, ni marginación.
La solicitud es sólo una, por favor voten abiertamente y argumenten su voto, sin homofobia, sin prejuicios, ni discriminación. La Cámara no es un confesionario, ni la Santa Inquisición. Están ante su última oportunidad para dignificar su cargo público como diputados/as y quizá hasta elevarse como estadistas o bien para ratificar su cobardía y pusilanimidad, pregúntense y respóndanse cómo quieren ser recordados? en este su paso por el Congreso del Estado de Yucatán ¡la pelota está en su cancha!
Rocío Quintal López es doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán.
