Mañana martes se realizará en Progreso una diligencia judicial, en el caso de la empresaria Lizzi Ancona Chuc, quien trata de recuperar unas máquinas bordadoras industriales que le permitirán volver a dar empleo a mujeres de comunidades mayas de Yucatán.
Los equipos industriales fueron decomisados cuando eran trasladados de Ixil a Mérida por órdenes de Carlos González Caamal, quien está acusado de apoderarse ilegalmente de las bordadoras.
Las maquinas se recuperaron el 22 de enero, luego de que las sacaron del taller de Ixil y pretendían llevarlas a otro sitio no precisado en Mérida.
Desde entonces Lizzi Ancona ha seguido un largo proceso judicial para recuperar físicamente las máquinas, pues González Caamal asegura que son suyas, pero la empresaria cuenta con la documentación que las acredita como suyas.
En la diligencia de mañana González Caamal ofreció como testigo a José Carlos Vargas Jiménez, contralor interno del Congreso del Estado.
“Me sorprende que un funcionario público de ese nivel pueda prestarse a dar su aval en un fraude como el que está cometiendo Carlos Caamal contra un grupo de mujeres que viven de costurar”, lamentó Lizzi Ancona.
“Él bien sabe que esas máquinas que estoy reclamando no forman parte de la sociedad que formamos y de la cual me arrepiento mucho, pues no solo me dejó colgada a mí y con muchas pérdidas, sino también afectó a muchas mujeres de Ixil y comunidades cercanas que hoy más que nunca necesitan el trabajo”, señaló.
Las máquinas son parte de un litigio que sostiene la empresaria Lizzi Ancona con su ex socio González Caamal. Ambos se asociaron para crear la empresa “Grupo Textil Ixil”, dedicada a la fabricación, maquila, confección y enajenación de telas.
La llegada de la pandemia de Covid-19, en marzo del 2020, hizo que las ventas y la producción cayeran, pero las costureras, todas de comunidades mayas, le dieron un giro a la crisis confeccionando cubrebocas que tuvieron mucha demanda.
De la mano de Lizi Ancona, la empresa volvió a tomar rumbo y les iba bastante bien hasta que González Caamal cerró la planta, impidió el acceso a las empleadas y su socia, y se quedó con las mencionadas cuatro máquinas bordadoras.
Estas máquinas no eran parte de la sociedad que crearon, sino propiedad de Lizi Ancona, quien trató por todos los medios de recuperarlas, pero González Caamal se negó a entregarlas.
Esto propició que la empresaria interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público.
Las más interesadas en que se resuelva el juicio a favor de la empresaria son las costureras de comunidades mayas, pues ya quieren volver a tener ingresos confeccionando prendas típicas.
