El colectivo To’one J’o’on, que agrupa a más de 20 comunidades de Yucatán, presentó denuncias ante instancias ambientales federales y estatales por los graves riesgos que enfrentan debido a la contaminación del agua, los malos olores y las afectaciones a la salud ocasionadas por la instalación de granjas porcícolas en la entidad.
La abogada de la agrupación, Lourdes Medina Carrillo, advirtió que los daños han sido documentados mediante estudios científicos y monitoreos comunitarios.
“Resultados y pruebas alarmantes acompañan esta denuncia. Las comunidades hemos dicho y aquí están los testimonios vivos de estas amenazas a la vida, a la salud y al ambiente”, señaló Medina Carrillo, quien agregó que existen dictámenes oficiales que confirman la ilegalidad de la industria.
Según explicó, de más de 500 granjas porcícolas en el estado, menos de diez cuentan con autorización en materia de impacto ambiental.
La abogada detalló que entre las pruebas presentadas se encuentran análisis realizados por el laboratorio de ecología microbiana de la UNAM, que confirmaron la presencia de bacterias fecales, coliformes y E. coli en el agua de pozos, e incluso en el agua entubada que se supone potabilizada en comunidades como Quinchil, Mashcanú, Copomá, Chocholá y Santa María Chi.
“Estamos hablando de un riesgo potencial vigente y actual, que afecta de manera mayor a la niñez y a los adultos mayores”, puntualizó.
Asimismo, destacó la investigación de la Universidad Johns Hopkins, que a través de un marcador genético determinó la contaminación directa por materia fecal de cerdo en pozos de Quinchil y en aguas superficiales de Mashcanú. “Con esta prueba eliminamos el argumento de que la contaminación proviene de otras fuentes; aquí se demuestra que es por granjas porcícolas”, indicó.
La denuncia, entregada en Mérida y que también será presentada en la Ciudad de México ante Semarnat, Profepa y Conagua, exige que no se autoricen nuevas granjas ni ampliaciones de las existentes, y que se cumplan las órdenes judiciales que ordenan paralizar operaciones en Santa María Chi.
Además, precisó que las dependencias federales tienen la obligación legal de presentar de inmediato una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra las empresas señaladas como responsables de delitos ambientales.
“Hoy hablamos con pruebas, con ciencia y con la resistencia de los pueblos. Las autoridades ya saben quiénes son los responsables y tienen la obligación de actuar”, recalcó Medina Carrillo.
