El organismo Amnistía Internacional ha emitido una petición a los activistas de esta organización, para firmar una petición a la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar las condiciones del caso de José Eduardo Ravelo, ya que su familia no está de acuerdo con el dictamen emitido por la autoridad federal.
El caso Ravelo fue un hecho que se presentó en Mérida en el mes de julio pasado, por la detención y presunta agresión policial contra un joven de 23 años, que días después falleció víctima de una neumonía y la familia establece que la autoridad cometió una serie de ilícitos como tortura y violación, en tanto que, la Fiscalía General de la República refutó en un dictamen final.
Edith Olivares Ferreto directora de Amnistía Internacional- México dijo en rueda de prensa que, hasta el momento la madre de la víctima no ha quedado conforme con el veredicto de la investigación federal que exculpó a los agentes municipales de los presuntos delitos y reportó que, el José Eduardo Ravelo falleció víctima de una enfermedad respiratoria y que no sufrió abuso, ni tortura a manos de policías de Mérida.
Olivares Ferreto destacó que, la organización que encabeza también ha solicitado una investigación sobre las numerosas denuncias sobre tortura a manos de elementos de Seguridad Pública estatal y agentes de la fiscalía contra ciudadanos. Recalcó que, los casos de brutalidad policíaca son una práctica constante en todo el país, por lo que se busca visibilizar estas denuncias y que la autoridad responda por estos cuestionamientos.
Sostuvo que, Amnistía Internacional-México intervino en otro caso de brutalidad policíaca cometido contra un adolescente de 14 años, de origen maya en Yucatán, -el caso José Adrián se conoció en 2018, pero sucedió en 2016, cuando el estudiante regresaba a su casa en la población de X’can, Valladolid y agentes de Seguridad Pública lo interceptaron, golpearon y torturaron.
Olivares Ferreto destacó que, en el caso de José Adrián, la organización consiguió un acuerdo reparador del daño contra este joven. Sin embargo, la autoridad nunca encontró culpables y ninguno de los agentes de Seguridad Pública recibió castigo por las agresiones y torturas contra este muchacho.
Abundó que, el organismo internacional que trabaja en favor de los Derechos Humanos ha señalado casos emblemáticos sucedidos en México, como el que se presentó en Cancún, el pasado 9 de noviembre de 2020 cuando la policía municipal a cargo de la alcaldesa Mara Lezama, de extracción morenista agredió y disparó contra mujeres que protestaban en favor de un joven desaparecido.
En ese incidente, Amnistía Internacional documentó que la joven Wendy Galarza recibió dos disparos de arma de fuego, disparados por elementos policíacos, además de que, una reportera que cubría los hechos recibió un disparo en la pierna y fotógrafo resultó con serias lesiones, producto de las agresiones propiciadas por los elementos de Seguridad Pública municipal.
Ortega Ferreto destacó que, es preocupante que, desde los organismos del estado se esté recriminando y atacando a las organizaciones de la sociedad y civil y manifestó el hecho que el Jefe del Estado Mexicano desde sus eventos públicos lance amenazas contra activistas de las organizaciones de la Sociedad Civil y los medios de comunicación.
Recalcó que, el Estado Mexicano debe de ser garante de las condiciones de liberad de toda la sociedad y resulta preocupante que, desde el discurso y las diferentes organizaciones políticas se impida la libre expresión de las ideas y la pluralidad en el marco del desarrollo democrático del país, manifestó
