Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alistan una denuncia de hechos contra la dependencia por autorizar el uso de Chichén Itzá como set publicitario para la FIFA y la empresa Coca-Cola.
De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, el grupo entregará el documento ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo lunes. Buscan sumar firmas de colegas y personas interesadas antes de presentar el recurso.
El argumento central sostiene que se apropian de un bien nacional fuera del comercio. Por esa condición, consideran que su uso con fines comerciales constituye un delito.
El caso surge tras el evento realizado el 20 de marzo en la zona arqueológica. Ese día, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la ceremonia del recorrido del trofeo rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Durante la actividad, el mandatario presentó el trofeo frente al Templo de Kukulcán. Participó también el exfutbolista Fernando Llorente, campeón del mundo en 2010.
El evento formó parte del Trophy Tour de la FIFA en su paso por México. La parada en Yucatán se ubicó como una de las últimas escalas antes del torneo.
Académicos cuestionan el uso del sitio arqueológico en actos de promoción comercial. Señalan que el patrimonio cultural no debe integrarse a campañas de empresas o eventos privados.
Sostienen que la autorización vulnera el carácter público del sitio. También advierten sobre precedentes que podrían abrir el uso de zonas arqueológicas a fines similares.
Por su parte, el INAH respondió mediante un comunicado. La institución afirmó que no existe falta alguna en la realización del evento.
El organismo indicó que otorgó permiso bajo sus atribuciones legales. Añadió que aplicó criterios de protección, conservación y supervisión del patrimonio arqueológico.
Además, señaló que la actividad cumplió con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Con esa base, defendió la legalidad del acto.
El conflicto ahora se trasladará al ámbito legal. La FGR deberá determinar si procede la denuncia presentada por los académicos del INAH.
