En sesión ordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el magistrado José Pablo Abreu Sacramento presentó una propuesta de reformas a la Constitución Política de Yucatán, consistente en la incorporación de perspectivas y enfoques diferenciados en materia de derechos humanos en la impartición de justicia, cuyo objetivo es fortalecer el sistema judicial en la entidad.
Al abordar el tema de asuntos generales dentro de la sesión, Abreu Sacramento planteó que dicha iniciativa representaría beneficios para grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, adultas mayores, a quienes enfrentan una discapacidad y a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, al garantizarles una mayor equidad procesal.
“Así, se busca que ante los tribunales existan las condiciones de verdadera igualdad que aún no se han alcanzado en la vida cotidiana”, expresó el magistrado en presencia de la presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés y los demás magistrados que integran este cuerpo colegiado.
Hay que recordar que, el pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene la facultad de presentar iniciativas de ley y reformas al Congreso del Estado, en materias de su competencia. Por el momento, esta iniciativa se dejó para estudio de los magistrados y se turnó a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su análisis, con la intención de poder discutirla próximamente y, en su caso, presentarla al Congreso local.
El documento que contiene la propuesta señala que, más allá de la elección de las personas titulares de juzgados y tribunales, se requieren otros ajustes para garantizar un mejor y más amplio acceso a la justicia.
Además, se plantea reestructurar el esquema de justicia maya, protegido en nuestra Constitución, pero con poca eficacia en el día a día, con el fin de establecer los procedimientos para reconocer las resoluciones y acuerdos alcanzados al interior de las comunidades mayas.
Por otro lado, se revalora la carrera judicial como pilar fundamental del sistema de justicia y se impulsa la capacitación administrativa y jurisdiccional como derecho de quienes trabajan en el Poder Judicial del Estado, pero también como una obligación que asegura a las personas usuarias una justicia de calidad.
De igual manera, se pretende robustecer los esfuerzos para desarrollar entre la población competencias de negociación y mediación de conflictos y generar con ello una cultura de la paz.
Finalmente, en el ámbito administrativo, se incorporan los principios de justicia abierta a la planeación, diseño y evaluación de políticas públicas judiciales y se busca tener un mayor aprovechamiento de la innovación tecnológica y la cooperación interinstitucional para construir una justicia moderna, cercana y ágil.
En la propuesta, se menciona que estos cambios deben ser atendidos para fortalecer el sistema de justicia en nuestro estado y, con ello, conservar la paz social y armonía que tanto valoramos las y los yucatecos.
