[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dos personas resultaron con lesiones con machete este fin de semana, por un conflicto entre ejidatarios del municipio de Muna. Las presiones y abusos contra los campesinos opositores a la instalación de la planta de energía solar, que dispone el gobierno federal, ha derivado en agresiones con armas entre los habitantes de este municipio.
La denuncia pública se presentó este día en el Foro Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad, que se realiza en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí, María Jesús Ch. P., dio a conocer que la intervención de una persona de nombre Sósimo Hernández, presunto asesor de la Secretaría de Energía, ocasionó que en una asamblea ejidal dos personas que se oponen a este proyecto fueran agredidos con machete.
María Jesús Ch. P. expuso que, la irresponsabilidad de las autoridades al no realizar una consulta pública entre la población del municipio de Muna, sitio donde se ubicará una planta de energía solar (Ticul I y Ticul II) con un millón 400 mil paneles solares y se deforestarán unas 800 hectáreas de selva baja, ha ocasionado serios conflictos entre quienes aprueban el proyecto y los oponentes.
La denunciante sostuvo que, el mencionado Sósimo Hernández ha distribuido cantidades de dinero entre gran parte de los ejidatarios para comprar voluntades, sin que se apruebe por todos los integrantes del ejido, el proyecto de energía renovable. Expuso que, los ejidatarios opositores han denunciado irregularidades en la documentación que extendió la Semarnat sobre el impacto ambiental de este proyecto.
Señaló que las irregularidades en los documentos que se han entregado a los ejidatarios establecen un abuso y violaciones a los derechos humanos de los campesinos. Imponer un proyecto ecológico que dañará la selva y deforesta gran parte de los recursos madereros de este municipio y el ejido, es muy dañino, sostuvo la denunciante.
Agregó que, los ejidatarios lesionados resultaron con serias lesiones con machete y fueron amenazados con ser expulsados del pueblo si no aprobaban los documentos que impone Hernández, presunto asesor de la Secretaría de Energía.
María Jesús Ch. P, señaló que, forma parte del grupo de ejidatarios opositores de Muna y han denunciado la injerencia de Sósimo Hernández en las asambleas ejidales y presiones a base de dinero para que entre los ejidatarios se agredan y dañen a los opositores.
Sobre este tema, el secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Eduardo Batllori Sanpedro, presente en el evento, señaló que el gobierno estatal no tiene injerencia en las determinaciones de los proyectos federales y que las autoridades de la Secretaría de Energía, no llevaron al cabo la consulta ciudadana obligatoria para completar este proyecto.
Es definitivo, dijo Batllori, que hay un daño al medio ambiente con la tala de estas 800 o 900 hectáreas, porque no solo es la reubicación de milpas para estos ejidatarios, sino que es la forma de vida de esta comunidad, ya que, dependen de sus recursos forestales para producir carbón y madera para la construcción de sus alimentos y viviendas, respectivamente, dijo.
El problema está fuera del ámbito estatal, pero hemos recomendado a las autoridades federales que antepongan los intereses de los grupos y empresas de poder para plantearse primero la situación de las comunidades indígenas y de esta manera responder con soluciones a las condiciones en las que viven.
Un proyecto de esta naturaleza es para ubicarse en zonas desérticas, recalcó, deforestar 900 hectáreas de selva media, obliga a que se pierdan especies, animales, flora y modos de vida de las poblaciones nativas y las autoridades deben responder a entender más allá de las necesidades socio económicas de las empresas transnacionales, sostuvo.
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