[vc_row][vc_column][vc_column_text]Representantes de Organismos Civiles demandaron al Congreso del Estado una respuesta por escrito por la designación de ciudadanos señalados por presuntos actos de corrupción ante organismos estatales.
En rueda de prensa, cinco organismos denunciaron lo que a su juicio consideran simulación y acuerdos cupulares de partidos políticos para elegir a personas poco confiables ante instituciones como el INAIP y la Codhey.
Esta mañana, representantes de organismos de la sociedad civil, solicitaron por escrito al Congreso del Estado una explicación por la designación de Doris Candila Echeverría como Consejera del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acceso de Datos Personales (Inaip). También sobre Germán Rivas Coral, consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey).
Bertha Elena Munguía Gil, presidenta del Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio A.C., leyó un documento que fue entregado al Congreso del Estado demandando una explicación por escrito por la elección de ambos ciudadanos señalados por corrupción y situaciones comprometidas administrativamente.
Munguía Gil, acompañada de Gina Villagómez, Adelaida Salas Salazar, Olga Moguel, Ligia Vera y Carlos Méndez Benavides, firmaron un documento donde señalan las sanciones y señalamientos públicos de estas personas elegidas por el Congreso del Estado para ocupar responsabilidades de organismos estatales.
En su escrito los querellantes señalan que, tanto Candila Echeverría como Rivas Coral, han sido denunciados por su mala actuación pública, condiciones comprometidas en su desempeño profesional y uso de recursos públicos desde los puestos que ejercido en la función estatal.
Denunciaron que ninguna de las dos personas tienen vínculos reales con organismos ciudadanos y no tienen fama pública de ser activistas de derechos humanos o tareas sociales, sino políticas. Munguía Gil sostuvo que Candila Echeverría fue sancionada e inhabilitada por tres años tras una denuncia pública en su actuación al frente del Instituto Municipal de la Mujer, así como de recibir dinero público para organismos a los que nunca representó.
En su caso, Rivas Coral, ostentó el cargo de responsable de organismo contencioso electoral durante el proceso pasado y fue el responsable de declarar la nulidad de denuncia contra el candidato priísta a la gobernatura Mauricio Sahuí por actos anticipados de campaña. Rivas Coral y cuatro trabajadores del organismo electoral renunciaron para no ser investigados por acciones oscuras y omisas en su responsabilidad electoral durante el proceso pasado, denunció.
Después de su renuncia Rivas Coral recibió una compensación de 300 mil pesos por su renuncia y fue postulado para ser integrante como Consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señalaron las denunciantes.
A su vez, Adelaida Salas Salazar expuso las condiciones de credibilidad que tienen estas dependencias como el Inaip y la Codhey, ante los numerosos problemas que se denuncian por el mal uso de recursos públicos estatales y por otra parte en los sonados casos de crímenes y agresiones contra niñas, mujeres y ancianas, situaciones e violencia y delincuencia contra personas con capacidades diferentes y el número de feminicidios que se han registrado en la presente administración estatal.
Las denunciantes exigieron a los legisladores del estado una investigación por estas designaciones ante los numerosos señalamientos que tienen estas personas de manera pública, y sus vínculos partidistas con un grupo político del PRI.
Señalaron que la designación de estas personas pone entredicho el accionar de las instituciones y establece una clara interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo para la aprobación de estas personas que ostentan una mala reputación pública y se les acusa de irresponsabilidad, omisión, interferencia en las acciones de la justicia y malos manejos de recursos públicos, señalaron.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
