[vc_row][vc_column][vc_column_text]En breve la alcaldesa de Seyé, Lizbeth María Cauich Puch, afrontará un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para separarla del cargo, ante el incumplimiento de una sentencia de un tribunal colegiado de distrito, que le ordena pagarle un adeudo de poco más de un millón de pesos al constructor Alan Agúndez Núñez.
La funcionaria ha incurrido en diversos desacatos para cumplir la sentencia de amparo, y la evidencia más reciente que comprobaron las autoridades judiciales fue que la presidenta municipal no solicitó ante el Congreso local recursos extraordinarios en su presupuesto 2019 para cubrir la mencionada deuda.
En consecuencia, el magistrado Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del XIV Distrito acordó remitir el caso a la Suprema Corte, con un proyecto de separación del cargo de la autoridad responsable, en este caso, la alcaldesa Lizbeth María Cauich Puch.
Como hemos informado, el cese podría llegar también a su tesorera María Lucely Chim Aké, y todo el cabildo en pleno ante la negativa de pagar tras el juicio que perdió el ayuntamiento de Seyé.
Este juicio se originó de un incumplimiento en el pago de obras públicas que encargó el alcalde del periodo 2012-2015, Ermilo Dzul Huchim, quien le quedó a deber una cantidad de poco más de un millón de pesos al constructor Alan Agúndez Núñez.
Desde entonces el empresario comenzó un proceso judicial que se alargó hasta llegar al actual ayuntamiento, pasando por uno más que encabezó Pedro Pablo Paredes Pereira, en el periodo 2015-2018.
Aunque el pleito no es propiamiente de la actual presidenta municipal, la funcionaria ha mantenido la negativa de pagarle al constructor, que ahora ya reclama una cantidad que ronda 1.7 millones de pesos con los interes acumulados.
No será la primera vez que la alcaldesa Cauich Puch se ve inmersa en escándalos, pues ya desde su toma de posesión fue blanco de críticas al festejar con un torneo de lazo, eventos que supuestamente están prohibidos en Yucatán por incitar a la violencia contra los animales.
Fernando Alpuche, abogado del constructor, informó que su cliente ya obtuvo un amparo que es definitivo y a los acusados ya no les queda más opción que pagar.
Sin embargo, como no se les puede embargar porque hay una ley que impide rematar bienes públicos para saldar deudas, el denunciante ya recurrió a un juicio de inejecucción, que ya llegó a sus últimas consecuencias y el caso está por entrar a la Suprema Corte para ejecutar la destitución y posterior procesamiento judicial de la alcaldesa y su cabildo en pleno.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
