[vc_row][vc_column][vc_column_text]Recibimos de la Red de Ciudadanos por el Medio Ambiente la siguiente denuncia:
Desde finales de 2018 se están exterminando indiscriminadamente más de cinco mil metros de mangle en una de las reservas ecológicas más importantes del país, la Reserva Ría Lagartos, ubicada en el oriente del estado de Yucatán.
Lo más preocupante del caso es que este ecocidio se ha estado realizando a plena la luz del día por trabajadores que responden a las órdenes del Síndico del Ayuntamiento del municipio de San Felipe, Felipe Marrufo López y la Alcaldesa Juana Baltazar Santos.
Desde el mes de noviembre del año pasado, el caso fue denunciado ante la PGR de manera formal por la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores Agrarios), pero parece que ninguna de las autoridades cuenta con la capacidad o interés para detener este delito ambiental de proporciones gigantescas, que incluso lo llevan a cabo a plenas luces del día.
El Gobierno Federal ha brillado por la inacción o desinterés de sus instancias, Josefa González-Blanco, Secretaria del Medio Ambiente, con oficinas centrales en el estado de Yucatán, lo único que ha hecho es publicar en su twiter que exigirá a PROFEPA que no quede impune la destrucción del manglar, pero hasta el momento la destrucción del manglar continúa.
Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán, no ha realizado acción visible alguna, a pesar de que este ecocidio se está llevando a cabo en su municipio natal y él es el en cargado de coordinar las acciones de las dependencias federales en el Estado de Yucatán.
José Lafontaine Hamui, Titular de Profepa en Yucatán, ha declarado que ha mandado inspectores, pero los habitantes de la comunidad comentan que de nada sirvieron pues fueron fácilmente sobornados, al grado de que en su última inspección no pusieron sellos de clausura.
Presuntamente este ecocidio se dio por intereses económicos de Felipe Marrufo López, alias “Catarino”, quien es Síndico del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe. Ya que según pobladores y trabajadores de la comunidad comentan que “Catarino” pretende realizar un millonario negocio inmobiliario en esos terrenos protegidos.
Habitantes de ese puerto mencionan como responsables al síndico Marrufo López, la alcaldesa Juana Baltazar Santos, y posiblemente el inspector de Profepa Ángel Mena alias “El Mono”, a quién señalan de haber aceptado sobornos para no reportar la gravedad de la situación permitiendo así que se continúe con la destrucción ambiental.
Así mismo los ciudadanos cuentan que solo una persona está luchando para revertir esta situación, la regidora Guadalupe Marrufo Pool, ya que se le ha visto tomando fotos para documentar este delito ambiental y que incluso ya ha recibido represalias por parte del síndico priista “Catarino” Marrufo López, quien de manera ilegal y arbitraria ordenó que a la regidora panista le negaran el pago de su quincena.
Además de esto, la regidora Marrufo Pool recibe amenazas e insultos en contra de su persona, por lo cual los militantes de su partido (PAN) esperan que diputados locales y federales intervengan en apoyo para detener la violencia política de la cual está siendo objeto la regidora.
El daño ambiental ocasionado es de magnitudes desproporcionadas y tal vez irreparable, pues actualmente van más de cinco mil metros talados del mangle, y hoy día la destrucción ha llegado a un brazo de agua conocido como “Ocá de Don Alesh”, se está usando maquinaria pesada para rellenarlo con material dejando sin lugar para el desove de cientos de peces, así como exterminando el habitat de decenas de especies perjudicando no solo la pesca, principal fuente de ingreso de los habitantes de la comunidad, sino dejándonos sin protección natural contra los graves efectos de este cambio climático y el calentamiento global.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
