[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cada vez está más cerca el cese fulminante de la alcaldesa de Seyé, Lizbeth María Cauich Puch, pues el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 14o. Circuito envió ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto de separación del cargo del ayuntamiento de dicho municipio, y de consignación por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo.
Junto con la presidenta municipal, también serán destituidos los regidores en pleno y la tesorera María Lucely Chim Aké, ante la negativa de pagar tras el juicio que perdió el ayuntamiento de Seyé.
La decisión de enviar el proyecto a la Suprema Corte se tomó el pasado 16 de abril, cuando el citado tribunal resolvió turnar el caso a la última instancia ante los reiterados incumplimientos de la alcaldesa de Seyé, pese al fallo judicial que le ordena pagarle a un constructor con el cual el ayuntamiento tiene un millonario adeudo.
Ahora el caso será analizado por la SCJN, que lo resolverá en definitiva, porque sus resoluciones son inapelables, es decir, se tendrá que cumplir pues la Corte es la última y superior instancia.
Será la primera vez que la Suprema Corte resuelva sobre un un juicio de inejecución para destituir a un ayuntamiento en pleno, a fin de que responda por un adeudo a un particular.
Este juicio se originó de un incumplimiento en el pago de obras públicas que encargó el alcalde del periodo 2012-2015, Ermilo Dzul Huchim, quien le quedó a deber una cantidad de poco más de un millón de pesos a Alan Agúndez Núñez.
Desde entonces el empresario comenzó un proceso judicial que se alargó hasta llegar al actual ayuntamiento, pasando por uno más que encabezó Pedro Pablo Paredes Pereira, en el periodo 2015-2018.
Aunque el pleito no es propiamente de la actual presidenta municipal, la funcionaria ha mantenido la negativa de pagarle al constructor, que hasta abril de este año reclamaba una cantidad que ronda 1.8 millones de pesos con los intereses acumulados.
El constructor obtuvo un amparo definitivo, es decir, que los acusados no tenían más opción que pagar. Sin embargo, como no se les puede embargar porque hay una ley que impide rematar bienes públicos para saldar deudas, el denunciante recurrió a un juicio de inejecución, que ya llegó a sus últimas consecuencias.
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