[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ejidatarios del municipio de Muxupip acusan a Alfonso de Jesús Pereira Palomo “El Mosco Pereira”, y Rafael Acosta Solís, de intentar bajo engaños y documentación falsa, despojarlos de sus terrenos.
El presidente del Frente de Defensa de la Tierra de Yucatán “Felipe Carrillo Puerto”, Jorge Araujo López, informó que los parcelarios impidieron que esta mañana se llevara a cabo una asamblea en la que el representante legal de Pereira Palomo y Acosta Solís, identificado como Armando Ceballos, en complicidad con autoridades ejidales federales, cambiaran el uso de suelo de las dos mil hectáreas que conforman el ejido.
“Somos 560 ejidatarios que conformamos el ejido, de los cuales 280 hemos estado luchando para que no nos despojen nuestras tierras ya que estas personas han intentado arrebatarnos como dé lugar nuestro patrimonio. Nos han venido a comprar por precios mucho menores de lo que valen nuestras hectáreas”, indicó.
Recordó que este conflicto inició en 2016. “A las 7 de la mañana los especuladores intentaron realizar una asamblea pero nunca se hizo; posteriormente, a las 10 horas se llevó a cabo una reunión amañada. Sin embargo, con documentación falsa nos muestran que se “acordó” integrar a Pereira Palomo y Acosta Solís primeramente como avecindados y posteriormente como ejidatarios.
“Según los estatutos y las leyes agrarias, no se puede en un solo día, y menos con dos horas de diferencia, asentar a personas como avecindados y luego como ejidatarios, eso lleva un plazo de varios meses y en al menos dos asambleas. Desde ahí empezó nuestra lucha porque estas dos personas junto con el comisario ejidal Juan Ramírez Chim, fraguaron todo esto”, resaltó.
Reiteró que las autoridades ejidales corruptas junto con los especuladores de tierras aprovechan la necesidad de los campesinos para intentar despojarlos de sus terrenos mediante engaños, además de comprárselas a precios irrisorios, pues apenas les pagan 30 mil pesos por hectárea y luego éstos los venden hasta en 14 millones de pesos.
Recordó que desde el 2016 han interpuesto varias denuncias ante instancias federales como el Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria (PA), Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), y algunas han sido aceptadas y están en proceso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
