[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las legisladoras del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, así como representantes de organizaciones civiles, exigieron se retome la iniciativa del matrimonio igualitario mediante una votación abierta, para que de esta forma se garantice el pleno respeto de los derechos humanos en Yucatán.
En conferencia de prensa, López Escoffié anunció que en cuanto inicie el tercer periodo ordinario de sesiones (el próximo 16 de mayo) volverá a turnar esa propuesta para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo en la entidad.
Asimismo, los convocantes informaron que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que ésta investigue si existió alguna violación de parte del Congreso del Estado por su accionar respecto de la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo.
El objetivo es que, por medio de su presidente Luis Raúl González Pérez, este organismo emita una recomendación al Legislativo yucateco para que retome la iniciativa, tomando en consideración los parámetros emitidos por este organismo autónomo, en concordancia con la Constitución, sobre el tema. De no cumplir, el Congreso está obligado a dar explicaciones por la omisión, si fuera el caso.
López Escoffié expuso que, de 2013 a la fecha, ya se realizaron en el Estado 91 matrimonios igualitarios a través de amparos para obtener este derecho, por lo que es necesario que vuelva a analizarse en el pleno y que se apruebe de manera inmediata.
En su intervención, Romero Bastarrachea recordó que el pasado 12 de abril, el titular de la CNDH emitió un oficio con el número 23392, en donde lamenta que se rechazara la iniciativa que buscaba legalizar el matrimonio igualitario en Yucatán. Además, solicita a los diputados que impulsen acciones legislativas para garantizar los derechos de igualdad y no discriminación como lo señala la Carta Magna.
En este documento se explica que los Poderes del Estado deben representar la pluralidad y diversidad con transparencia en sus actos, garantizando espacios públicos dispuestos al escrutinio y receptivos a la participación de la sociedad. Por lo que deben erradicarse prácticas como las votaciones cerradas y secretas al momento de decidir y legislar en temas públicos, como aconteció en este caso.
Coincidieron en que el ombudsman de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, ha sido omiso ante este tema que “evidentemente es de derechos humanos”, por lo tanto está obligado a pronunciarse y aplicar las recomendaciones que convengan al caso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
