[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de insistentes incumplimientos de la alcaldesa de Seyé, Lizbeth María Cauich Puch, lo que ha demorado el juicio, ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolverá sobre el proyecto de destitución y consignación de la funcionaria y su cabildo en pleno.
El pasado martes 16 de abril, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 14o. Circuito resolvió enviar el proyecto de separación del cargo del Ayuntamiento de Seyé, y de consignación por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo.
La determinación se tomó por unanimidad de los integrantes del tribunal, ante el incumplimiento de una sentencia de amparo que le ordena a la alcaldesa de Seyé pagarle un adeudo de poco más de un millón de pesos al constructor Alan Agúndez Núñez.
Ahora el caso será analizado por la SCJN, que lo resolverá en definitiva, porque sus resoluciones son inapelables, es decir, se tendrá que cumplir pues la Corte es la última y superior instancia.
Será la primera vez que la Suprema Corte resuelva sobre un un juicio de inejecución para destituir a un ayuntamiento en pleno, a fin de que responda por un adeudo a un particular.
“Las sentencias de amparo se cumplen sin excusas ni pretextos”, señaló Fernando Alpuche Ojeda, abogado del constructor Agúndez Núñez. “Espero que este pequeño logro nos sirva a todos para hacer cumplir a las autoridades responsables”.
Como hemos informado, además del cabildo en pleno, el cese podría llegar también a su tesorera María Lucely Chim Aké, ante la negativa de pagar tras el juicio que perdió el ayuntamiento de Seyé.
Este juicio se originó de un incumplimiento en el pago de obras públicas que encargó el alcalde del periodo 2012-2015, Ermilo Dzul Huchim, quien le quedó a deber una cantidad de poco más de un millón de pesos a Alan Agúndez.
Desde entonces el empresario comenzó un proceso judicial que se alargó hasta llegar al actual ayuntamiento, pasando por uno más que encabezó Pedro Pablo Paredes Pereira, en el periodo 2015-2018.
Aunque el pleito no es propiamente de la actual presidenta municipal, la funcionaria ha mantenido la negativa de pagarle al constructor, que ahora ya reclama una cantidad que ronda 1.8 millones de pesos con los intereses acumulados.
El constructor obtuvo un amparo definitivo, es decir, que los acusados no tenían más opción que pagar. Sin embargo, como no se les puede embargar porque hay una ley que impide rematar bienes públicos para saldar deudas, el denunciante recurrió a un juicio de inejecución, que ya llegó a sus últimas consecuencias.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
