[vc_row][vc_column][vc_column_text]Integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad las modificaciones al artículo 10 del Código de la Administración Pública de Yucatán (Capy), para que el 3% de las plazas vacantes en el Ejecutivo estatal sean otorgadas a personas con discapacidad, disposición que se extendió a los 106 municipios.
El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado, previa aprobación del pleno de la LXII Legislatura, y no hasta el 2020 como estaba originalmente el dictamen, para que se implemente en las instancias que tienen adecuados sus espacios de trabajo y que cuenten con suficiencia presupuestaria.
Por el contrario, las instancias o ayuntamientos que no cuenten con estos dos aspectos, deberán realizar paulatinamente las acciones pertinentes para cumplir con el mandato. En la misma comisión, también fue avalada por unanimidad la minuta para modificar la Constitución Mexicana, en materia de extinción de dominio y otra referente a la prisión preventiva oficiosa.
Acerca de la extinción de dominio, Silvia López Escoffié (MC) indicó que será una herramienta eficaz, eficiente y ágil, porque ahora será por la vía civil, al igual que se recaudará más fácil el dinero confiscado por autoridades y la ciudadanía podrá adquirir los productos que actualmente se quedan en bodegas.
Por su parte Rosa Díaz Lizama (PAN), indico que este es un instrumento más que se le da la autoridad federal, y comentó que cuando existen delitos como el narcotráfico o el crimen organizado es muy difícil que los bienes pasen a ser de la nación o puedan ser decomisados, celebro también que la aprobación de esta iniciativa de reforma a la Constitución se dé en tiempo y forma, pues en este artículo también se amplían las personas sujetas a la extensión de dominio como lo son quienes cometen delitos en materia de hidrocarburos.
Previamente, los integrantes de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobaron por unanimidad los dictámenes referentes a la Ley de Hacienda y modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Celestún, y sobre la desaparición de los Sistemas de Agua Potable de Chemax y Kantunil.
En la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, sus integrantes aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Educación estatal, para que en los planteles de todos los niveles educativos se cuente con un trabajador social.
De la misma manera, en la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, se continuó el análisis de los Informes de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, para lo cual, a propuesta de Rosa Díaz Lizama, se acordó sostener una reunión con el Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, el lunes 25 de marzo a la una de la tarde, para desahogar dudas y observaciones que deberán presentar los mismos diputados hasta este jueves.
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, se distribuyeron entre sus integrantes cuatro iniciativas: para reformar y adicionar disposiciones del Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares, ambas del Estado, en materia de alienación parental; otra de la Ley por el que se crea la Procuraduría Ambiental del Estado.
La tercera para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado y la cuarta para modificar el Código Penal y la Ley de Salud, presentadas en la pasada Legislatura.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
