[vc_row][vc_column][vc_column_text]Radar Político/Columna
Como si se tratara de una comedia de cine mudo, en el PRI ha comenzado una batalla campal de todos contra todos, en el marco del proceso electoral interno para renovar su dirigencia estatal.
Las impugnaciones de candidaturas están a la orden del día, y al menos se tiene conocimiento de cuatro denuncias contra tres fórmulas que han sido validadas.
Hasta ahora la única fórmula que no ha sido impugnada y ha salido limpia es la que conforman Eloy Quiroz Ávila y María Reynalda Cocom.
La fórmula que más impugnaciones ha recibido es la de Francisco Torres Rivas y Lila Frías Castillo. Acumulan dos denuncias, una por las faltas a los requisitos de la convocatoria que se les atribuyen, y otra haberse autorizado su registro pese a los recursos de inconformidad.
A Torres Rivas se le acusa de no tener militancia efectiva de siete años, por haber sido candidato del PVEM, lo cual le impide también ser aspirante a la dirigencia estatal del tricolor.
Su compañera, la diputada local con licencia Lila Frías, fue impugnada ya que se le acusa de grave traición contra el PRI, por haber votado a favor del presupuesto 2019 del Gobierno del Estado (que encabeza el panista Mauricio Vila), en contraposición a la postura que asumió la bancada priista.
Ambos fueron acusados por la fórmula que conforman Diego Lugo Interián y Raimunda Che Pech, alcaldes de Sucilá y Kantunil, respectiva, pero a ésta última la impugnaron también porque llegó al cargo postulada por el PVEM.
La impugnación contra la presidenta municipal de Kantunil la interpuso Hervé Fernando Martín Cauich, militante priista de Hunucmá.
También está en capilla Carmen Navarrete Navarro, ex alcaldesa de Tekax y compañera de fórmula de Francisco Medina Sulub.
A “La Reina del sur” se le acusa de estar impedida para contender por el cargo de secretaria general, ya que cometió graves faltas sancionadas por el Código de Justicia Partidaria del PRI.
Se pide que se les suspendan sus derechos como militante priista, ya que sobre ella pesan acusaciones de la comisión de delitos como tráfico de influencias y nepotismo, además de desvío de recursos por más de 10 millones de pesos. Por todos esos ilícitos se le abrió una investigación en la Auditoría Superior del Estado.
La acusa también Martín Cauich, en su calidad de militante priista de Hunucmá.
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