[vc_row][vc_column][vc_column_text]El vicefiscal anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud, declaró que el proceso de investigación contra un posible quebranto de 533 millones de pesos detectados durante el Gobierno de Rolando Zapata Bello, se alargaría debido a la negativa de instancias federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en brindar información.
Informó que hasta ahora suman 35 denuncias contra el ex mandatario priista, quien a través de empresas fantasma habría desviado millonarios recursos.
“El proceso no es inmediato y el tiempo va a depender mucho de cómo las autoridades federales, estatales y municipales vayan rindiendo la información que vayamos solicitando. Por ejemplo, ha habido negativa del SAT sobre el tema de las empresas fantasmas y ante ello vamos a tener que recurrir al Control Judicial”, precisó.
El pasado mes de enero, recordó, recibimos las denuncias por parte de la Contraloría General del Estado, de las que ya suman 35, de las cuales ocho son por presuntos desvíos de recursos y las demás por faltantes de bienes muebles y documentación.
“Ya hemos iniciado con las investigaciones, hemos solicitado informes adicionales a la Secretaría de la Contraloría así como a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de la Función Pública, al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria, al Registro Público de la Propiedad, entre otras instituciones”, puntualizó.
Goff Ailloud dijo que el proceso que se lleva hasta ahora se enfoca en obtener el mayor número de datos que permita, en primera instancia, el esclarecimiento de los hechos, y en su caso sustentar el ejercicio de la acción penal contra los probables autores y copartícipes en caso existir los elementos de tipo penal y que presupongan la comisión de algún delito.
“Hay que aclarar que estamos actuando con toda diligencia, con todo profesionalismo, sin prisas y sin carreras pero sí solicitando a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias información precisa que nos sirvan de datos de prueba para poder sustentar el esclarecimiento de los hechos o la acción penal”, observó.
La titular de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés, presentó en enero pasado 31 denuncias, ahora ya son 35, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), por irregularidades financieras de la administración anterior halladas en el proceso entrega-recepción.
Tras la revisión e investigación de dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción se encontró presuntas irregularidades financieras por 533 millones de pesos, detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).
El vicefiscal anticorrupción sostuvo que el tiempo para determinar si se cometió o no un delito dependerá de que las autoridades requeridas brinden la información solicitada “pues nos han negado información y por ello tenemos que acudir al Control Judicial para solicitarle a un juez vía mandato judicial que ordene a la autoridad entregar la información solicitada”.
Precisó que el citatorio a los ex funcionarios involucrados es la última instancia, una vez que se cuente con la información completa y tener los elementos para cuestionar a los sujetos señalados.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
